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Las propuestas del Pacto de Toledo: “una visión muy continuista e insuficiente”

La pasada semana el Pleno del Congreso aprobó las recomendaciones propuestas por el Pacto de Toledo que tiene por objetivo guiar las reformas del sistema público de pensiones que se plantean para 2021. Entre las principales propuestas de éste destacan:

  • Actualizar las pensiones con el IPC real.
  • Profundizar en la separación de fuentes de financiación del sistema en base a que se financien con impuestos los llamados ‘gastos impropios’ (las facturas de las prestaciones por nacimientos de hijos, descuentos en cotizaciones o el complemento en la pensión de las mujeres con hijos, entre otros).
  • Acercar la edad efectiva de jubilación a la real.
  • Escoger los mejores años de cotización para el cálculo de la pensión.
  • Que los autónomos coticen por sus ingresos reales.
  • Impulsar el ahorro privado a través de planes colectivos o de empresa como complemento para la pensión futura.
  • Informar de forma periódica e individualizada sobre el futuro derecho a pensión de cada individuo.

Ante esta propuesta Willis Towers Watson ha compartido su valoración de las medidas que califica así:

“Se trata de una visión muy continuista e insuficiente.

La Seguridad Social lleva ocho años con déficit al comparar ingresos con gastos. El año 2020 finalizará con un déficit récord histórico en términos absolutos: +30.000 millones de euros (18.000 millones de euros en 2019). Las recomendaciones aprobadas no permiten resolver los graves problemas de sostenibilidad del sistema.

No incorpora recortes, ni incremento en las partidas de ingreso. Pero sí incrementa otros gastos (ej. incrementar pensiones con el IPC, elección del período de cotización que mejor le viene al ciudadano, …)

Separación de fuentes: se pretende traspasar al Estado todo el déficit de la Seguridad Social en el horizonte de 2023 moviendo ciertos gastos (impropios) a otras partidas presupuestarias de la Administración lo que supone explicitar lo que ya viene ocurriendo desde que casi se agotó el fondo de reserva: financiar el déficit contributivo mediante préstamos o transferencias extraordinarias del Estado.

Esto hace que en el futuro seamos testigos de cómo va desapareciendo el ‘déficit por operaciones no financieras’, pero no ocurrirá lo mismo con el ‘déficit contributivo’. Los efectos de esta recomendación solo trasladarán el esfuerzo que deberían hacer los participantes en el sistema de pensiones a toda la sociedad, que será la que habrá de hacer frente, con impuestos presentes o futuros (en la parte que se recurra al endeudamiento)-, al desequilibrio del sistema.

Revalorización del IPC: Según datos del Instituto de Actuarios Españoles (IAE), el potencial déficit que tendríamos en 2050 en el sistema público de pensiones podría alcanzar el 5% PIB. Creemos que la subida lineal a todos los pensionistas no es sostenible. Habrá que segmentar los incrementos siendo en línea con el IPC o mayor para las pensiones mínimas, menores en el caso de las pensiones más altas, y adoptar medidas de contención para las pensiones medias.

Contributividad: Es necesario calibrar actuarialmente los coeficientes de reducción por jubilación anticipada y los coeficientes de bonificación por ‘jubilación demorada’. Es importante su posible impacto en las prejubilaciones, ya que todo apunta a que se van a encarecer.

Hay que llevar al sistema al equilibrio”.

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