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Repartir el esfuerzo de sostenimiento de la Seguridad Social entre todos los españoles, una de las medidas para afrontar la problemática de las pensiones públicas

A partir de este mes de febrero de 2020, todos los pensionistas españoles verán incrementada su paga mensual un 0,9% -con carácter retroactivo desde el 1 de enero-. La medida, aprobada mediante Decreto Ley en el primer Consejo de Ministros, afectará a más de 11 millones de pensiones públicas y supondrá un aumento del gasto en pensiones de 1.218 millones de euros, 880 millones de euros más, teniendo en cuenta solo 2020, frente a lo que hubiera implicado aplicar el tope mínimo del IRP (0,25%).

Los expertos en pensiones de la consultora Willis Towers Watson advierten de que esta medida “pasa por alto la sostenibilidad financiera y la buena salud del sistema público de pensiones a medio y largo plazo”. Para los analistas, tras nueve años consecutivos de déficit y con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en mínimos, “deberían acometerse medidas para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema antes de incrementar aún más el gasto”.

Con el Factor de Sostenibilidad suspendido por el momento, el cual pretende vincular la cuantía de las pensiones con la esperanza de vida, y el IRP (Índice de Revalorización de las Pensiones) en stand-by, es evidente, apunta la entidad, que “todavía no se está haciendo nada para frenar el aumento imparable de la deuda pública“. Es más, según ha detallado el presidente del Gobierno, si el IPC supera este año el 0,9% previsto, la Administración Pública compensará a los pensionistas con un pago único que se produciría antes de abril de 2021.

Qué medidas acometer

  • Repartir el esfuerzo de sostenimiento de la Seguridad Social entre todos los españoles, no sólo entre los cotizantes, asumiendo una mayor parte aquellos más jóvenes que tendrán más tiempo de planificar su propia jubilación.
  • Transparencia, que el ciudadano pueda conocer los detalles de su futura pensión de jubilación y hacerse una composición de lugar realista, así como un mayor rigor técnico en las estimaciones de coste a medio y largo que se suministren por parte de la Seguridad Social.
  • Mantenimiento, o la redefinición, de mecanismos de corrección automática (fórmulas parametrizadas que establecen correcciones en función de la propia evolución de ciertas variables) que permitan sacar a las pensiones del debate público/político. El IRP y/o el factor de sostenibilidad podrían rediseñarse, no abolirse. Se trata de una de las mejores prácticas internacionales.
  • Acometer una aproximación integral al problema para que se dé respuesta a cómo y de qué vivirán los españoles después de su jubilación dentro de 10, 20 o 30 años (capitalización y reparto, pensiones públicas y privadas, previsión complementaria empresarial y previsión complementaria individual, entre otras dimensiones).

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