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¿Qué cambios introduce el acuerdo de la reforma de las pensiones?

En declaraciones a NEGOCIOS.TV, Xavier Varea, director del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria, ha destacado que el acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo social sobre la reforma de las pensiones «va en la buena dirección para que la reforma sea duradera». En primer lugar, porque se produce en un contexto de consenso político, ya que viene precedido del acuerdo en la comisión del Pacto de Toledo, ratificado por el Congreso de los Diputados. En segundo lugar, porque es fruto del diálogo social entre patronal y sindicatos.

El acuerdo supone la derogación de la reforma de 2013 (Ley 23/2013, aprobada sin acuerdo previo del Pacto de Toledo), de manera que incluye la revalorización de las pensiones públicas ligada al ‘IPC medio registrado’. También se deroga el Factor de Sostenibilidad establecido por la citada Ley 23/2013, calculado en relación a la evolución de la esperanza de vida y otros diversos factores.

‘Factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social’

El mecanismo de revisión que se establecerá en una acuerdo posterior con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema, tiene como antecedentes lo establecido en el acuerdo de la mesa de diálogo social de 2011 y que dio origen a la Ley 27/2011 que en su Disposición adicional quincuagésima novena hacía referencia a un ‘Factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social’: “Con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad, a partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada 5 años, utilizando a este fin las previsiones realizadas por los organismos oficiales competentes”.

Conviene recordar que la garantía de la suficiencia de las prestaciones, tanto de los actuales pensionistas como para los futuros jubilados, es un precepto establecido en el artículo 50 de la Constitución Española, por lo que la sostenibilidad financiera del sistema debe respetar “la sostenibilidad social.

Transferencia del 2% del PIB con cargo a los Presupuestos Generales del Estado

Del acuerdo también destaca el compromiso de que se realice una transferencia de alrededor de un 2% del PIB, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, lo que supone que el Estado se convierta en la mayor garantía del sistema público de pensiones.

Una cláusula que se incluirá en la Ley General de Seguridad Social y garantizará la medida que culmina el compromiso de separación de fuentes de financiación que ya contemplaba el primer Pacto de Toledo, del año 1995, y supone la inyección de financiación adicional que necesitará el sistema de pensiones español en el año 2050. Actualmente la aportación del Estado al sistema de pensiones, a través de los PGE, es unos cuatro puntos por debajo de la media de los países de la UE.

Revisión del modelo de jubilación anticipada

El acuerdo de pensiones incluye también medidas orientadas a una revisión del modelo de jubilación anticipada. Se reducen de forma generalizada los coeficientes reductores, se da mayor equidad a las reglas de jubilación anticipada para los voluntarios e involuntarios, que en ningún caso tendrán mayor penalización y se amplía a la mayoría de despidos, no sólo por ERE.

En esta línea, el acuerdo refuerza el sistema de incentivos (y no de penalizaciones) para garantizar la adecuación voluntaria de la edad efectiva y legal de jubilación.

Equiparación de condiciones

Se avanza en la equiparación de condiciones al igualarse los derechos vinculados a los periodos de servicio social femenino obligatorio al que ya disfrutaban los del servicio militar.

Equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho

Finalmente, se desarrolla una batería de medidas por la que se reconocen nuevos derechos o se amplían algunos de los que ya existían, entre los que destaca la equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho a cotización por todos los programas de formación (becas) vinculados a estudios universitarios o de formación profesional tengan o no carácter remunerado, o la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia.

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