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“En 2022 aún no habremos recuperado el nivel de PIB anterior a la pandemia”

Este 2020 se va a producir una contracción económica muy importante a causa de la COVID-19, cerrando en cifras de retroceso del PIB que no tienen comparación en las últimas décadas. “En 2022 aún no habremos recuperado el nivel de PIB anterior a la pandemia”, así ha comenzado su intervención Óscar Arce, director General de Economía y Estadística del Banco de España, en el webinar ‘COVID-19: Perspectivas económicas y sostenibilidad del estado del bienestar’, organizado por la Fundación Edad&Vida.

Arce ha expuesto las principales claves macroeconómicas de nuestro país en el entorno actual, centrándose en los retos del sistema público de pensiones y en algunas de las posibles vías para una eventual reforma.

Nos encontramos “en un entorno con un elevado grado de incertidumbre en el plano sanitario y económico”, debido a los riesgos de la evolución epidemiológica y a otros factores del entorno exterior, por lo que la normalización del nivel de actividad será incompleta hasta entrado 2022. “Un escenario adverso con un paro en el entorno del 20% y un déficit público por encima del 10%, que llevará varios años reconducir”, ha explicado. Por este motivo, “las tendencias demográficas hacen necesarias nuevas medidas para reforzar la posición financiera a largo plazo del sistema de pensiones, con acuerdos amplios y estables que garanticen también su viabilidad social”.

Durante su intervención, Arce ha subrayado los grandes retos a los que se enfrenta el sistema público de pensiones: la crisis demográfica, que seguirá presionando nuestro sistema de pensiones y el aumento de la tasa de dependencia, debido al incremento de la esperanza de vida y la jubilación de los baby boomers, hecho que continuará presionando al alza el gasto en pensiones durante los próximos años.

Para hacer frente a esta realidad, en 2011 y 2013 se aprobaron diferentes reformas del sistema de pensiones. Pero la suspensión de la aplicación de la reforma de 2013 hace necesario introducir nuevas medidas que refuercen la posición financiera del sistema a medio y largo plazo. “Las cotizaciones han mantenido un peso sostenido a lo largo de los años, pero el gasto en pensiones contributivas ha pasado del 6,9% del PIB en 2007 al 10,3% en 2019”, ha justificado Arce.

Además, la tasa de dependencia ha aumentado en los últimos años y las nuevas altas en jubilación son más elevadas que las preexistentes, dos factores estructurales que seguirán en las próximas décadas. En cuanto a la tasa de dependencia, las previsiones apuntan a que pase del 30% actual hasta una horquilla del 50-70% en 2050.

Por ello, para Arce es “absolutamente necesaria una mejora en la tasa de empleo, pero solo compensaría parcialmente la presión demográfica, aún en escenarios optimistas. Una tasa de empleo del 80% en el año 2050 (respecto al 60% en 2019) reduciría el aumento del gasto en pensiones debido al factor demográfico entre un 50 y un 73% (entre un 29% y un 42% si la tasa de empleo en treinta años se situara en el 70%)”.

¿Qué reformas del sistema público de pensiones propone?

Ante una eventual reforma del sistema público de pensiones, Arce ha destacado algunos aspectos a tener en cuenta, una vez incorporadas las preferencias sociales, como los mecanismos automáticos de sostenibilidad financiera, la contributividad, predictabilidad y transparencia, y conjugar de manera equilibrada los intereses de los beneficiarios actuales y futuros.
Una alternativa que se está barajando es ajustar la edad de jubilación, que actualmente está en 64,5 años en términos efectivos. Según la AIReF, cada año de retraso en la edad efectiva de jubilación reduciría el gasto en pensiones entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales de PIB en 2.048. Pero Arce ya ha comentado que en estos momentos “no se ofrecen incentivos para estar en el mercado laboral más allá de los 65 años”.

Otras opciones que se barajan son alargar los años de cálculo de la base regulatoria, lo que provocaría en general una reducción en la pensión media; eliminar el tope máximo de cotización; o llevar a cabo un incremento de la imposición, pero los impuestos generales podrían afectar al conjunto de la población y a los mismos pensionistas.

Además, cabe tener en cuenta que, en España, antes de la crisis económica generada por la COVID-19, en el año 2017 solo en un 23% de los hogares alguno de sus miembros poseía un plan de pensiones individual, seis puntos menos que la media del Eurosistema. Los hogares españoles dan un mayor peso a los activos inmobiliarios, respecto a otros productos financieros, también en la etapa de jubilación.

En definitiva, Óscar Arce ha expuesto los retos a los que se enfrenta el sistema público de pensiones, poniendo de relieve la necesidad de estudiar reformas y favorecer, entre otros aspectos, productos financieros responsables y competitivos para que los mayores que así lo deseen puedan complementar –no sustituir- su pensión y mantener su nivel de vida en todo momento. “Los incentivos fiscales son una herramienta legítima, pero los productos financieros deben ser atractivos y fiables”, ha destacado Arce.

Los miembros de la Comisión de Fiscalidad y Financiación de la Fundación han destacado aspectos como la importancia de incentivar la oferta de “finanzas sostenibles”, en línea con las nuevas tendencias de una población más sensibilizada con el medio ambiente; un posible cambio hacia el desarrollo de un sistema de previsión social a través de la empresa como está sucediendo con éxito en el Reino Unido; la importancia de la colaboración público-privada en el ámbito sanitario que permite abaratar costes al Estado y debería contar con mayores incentivos fiscales; y la necesidad de evaluar el actual sistema de pensiones, analizar esos posibles incentivos sin perder de vista la importancia de la rentabilidad para los pensionistas. Finalmente han señalado otras fórmulas para complementar las pensiones, como la licuación de capital, que tienen un impacto positivo en las arcas del estado, pero todavía existen grandes obstáculos que pueden lastrar el sistema.

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