Una aproximación al Seguro de Protección Jurídica

Toda la ciudadanía, antes de la pandemia del Covid-19,  ha sufrido la dilatación de los plazos judiciales, por lo que ahora, tras meses de paralización de asuntos, la situación post Covid-19, no será de colapso, pues ya estaba colapsada la administración de la Justicia, sino que será equiparable a la devastación tras un tsunami.

Ante ésta situación, se hace más que nunca interesante,  conocer las respuestas que se ofrecen desde el sector asegurador, teniendo un lugar destacado, el Seguro de Protección Jurídica.

Alcance del Seguro de Protección Jurídica

En nuestra normativa aseguradora, tanto en la Ley del Contrato de Seguro como en la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de (Rea-) Seguros Privados, no aparece el Seguro de Protección Jurídica como tal, sino que se le denomina, seguro de defensa jurídica.

Conforme se recoge en la Ley del Contrato de Seguro, el seguro de defensa jurídica es aquél por cual “el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral, y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la cobertura del seguro”.

Si analizamos los pormenores de la definición, podremos entender que el asegurador asume los costes de un procedimiento en el que se vea involucrado el asegurado.

Como es lógico, en un procedimiento, cualquier asegurado podrá reclamar un daño o perjuicio, pero también, ese mismo asegurado,  podrá verse envuelto en un procedimiento donde sea a él a quien reclamen.

Es por ello que entendamos que sea más acertado el concepto de Protección Jurídica que el de Defensa Jurídica, toda vez que éste último apenas ampararía la defensa y no la reclamación, mientras que aquella otra incluiría ambas situaciones, las cuales tienen su cabida en la definición en la Ley de Contrato de Seguro antes citada.

Aseguradores monoramo vs. aseguradores multirramos

Dentro del conjunto de aseguradoras que operan en nuestro país, la gran mayoría de las multirramos, ofrecen seguros de protección jurídica, quizá no como un seguro aparte, sino dentro del aseguramiento de otros riesgos.

Pero también hay aseguradores que solo operan en este ramo, o en pocos más (asistencia en viaje; pérdida pecuniaria, decesos)  o al menos, no ofrecen seguros de responsabilidad civil.

Los aseguradores mono ramo se presentan como “especialistas en defensa jurídica”, cuestión criticada por los aseguradores multirramo pues entienden que sus departamentos de defensa jurídica, están tanto o más especializados en la defensa de los intereses de sus asegurados, que los aseguradores monoramo.

Lo que sí es cierto es que en el caso de las aseguradoras monoramo se podrá contratar una póliza específica para la defensa jurídica, no estando, por lo tanto, paquetizada con otras coberturas o riesgos.

El Seguro de Protección Jurídica y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos

En ésta situación de colapso de la Administración de Justicia, ¿qué alternativas podremos tener?

En éste sentido, cobra especial interés todo lo relacionado con los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, conocidos por sus siglas en inglés, ARD. Nos referimos a la mediación, a la conciliación y al arbitraje.

Un factor determinante para su desarrollo o no, es el hecho de que un asegurado que elija libremente a su abogado y su conflicto se resuelve extrajudicialmente, incluso no habiendo litigio, entendido éste de forma escueta, es decir, como procedimiento judicial, se le rembolsen los honorarios de su abogado por su asegurador.

Es por ello necesario conocer que la libre designación de abogado alcanza tanto procedimientos administrativos y judiciales, como también la mediación judicial, así como la mediación extrajudicial y cualquier otro mecanismo alternativo de resolución de conflictos.

Los asegurados, tanto que quieran reclamar, como cuando sean reclamados  extra judicialmente, podrán designar un abogado de su confianza sin temor a que el asegurador  no le rembolse sus gastos.

Entendemos que así se elimina un importante escollo para facilitar el desarrollo de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, donde el sector asegurador, está llamado, nuevamente, a tener un papel determinante en el desarrollo de nuestra sociedad.

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