Jorge Campmany | 'La indemnización del seguro de Vida por Incapacidad Permanente'

Jorge Campmany | ‘La indemnización del seguro de Vida por incapacidad permanente’

Cuando se reconoce una pensión de incapacidad permanente, y la persona -o la empresa donde esta trabaja- tiene contratado un seguro de Vida cuya póliza tiene esta cobertura, cobrar la indemnización que le corresponde puede ayudar a mejorar la calidad de vida del asegurado. Porque una incapacidad permanente puede conllevar una reducción de ingresos o la posibilidad de incrementarlos en la futura vida laboral si el trabajador sigue siendo pensionista durante años. No obstante, esto depende en gran medida del grado de incapacidad reconocido por el INSS.

Las prestaciones económicas de incapacidad permanente se dividen en cuatro. La primera toma el nombre de incapacidad parcial, que se otorga cuando una lesión o enfermedad reduce el rendimiento laboral en, al menos, un 33%. Con este tipo de incapacidad, el afectado no deja su empresa ni su puesto de trabajo, pero cobra una indemnización equivalente a 24 mensualidades de su base reguladora (no una pensión mensual) por llevarlo a cabo en condiciones más desfavorables -y un esfuerzo mucho mayor- que, por ejemplo, sus compañeros. Lo primero que hay que aclarar es que dicho pago no corresponde a la aseguradora, sino a la propia Seguridad Social. Y habitualmente, este grado no está cubierto por las pólizas.

En segundo lugar nos encontramos con la incapacidad permanente total que, por el contrario, sí suele estar incluida en los seguros de Vida y accidentes. Este nivel de incapacidad implica cobrar una mensualidad por no poder desarrollar el trabajo habitual, pero sí otros. Por ejemplo, una limpiadora puede obtener esta clase de pensión por sufrir una lumbalgia grave y crónica que le impide hacer esfuerzos y cargar peso, pero que sí sería compatible con un trabajo más liviano que se ejecute estando sentado. Sin embargo, si se cumplen una serie de requisitos, estos abonos mensuales (del 55% de la base reguladora) pueden ser sustituidos por una indemnización a tanto alzado, la cual tampoco es responsabilidad de la compañía aseguradora sino del INSS. Pero la póliza puede proporcionar otra indemnización, a la que se tendría si entra en la cobertura. Asimismo, la indemnización del seguro por incapacidad total se extendería a cuando se aprueba una total “cualificada”, es decir, si el titular es tributario técnicamente de una incapacidad total pero ya ha cumplido los 55 años y no tiene un empleo que pueda compaginar con sus afecciones.  

El tercer grado de incapacidad laboral es la absoluta. Esta prestación es sinónimo de percibir, mes a mes, una prestación del 100% de la base reguladora. Y, para muchos, la posibilidad de dejar la vida profesional, ya que implica un cobro mucho más completo que la incapacidad total y solo se puede simultanear con determinados trabajos muy adaptados o protegidos. Aquí ya no hay posibilidad de escoger una indemnización en lugar de una mensualidad. Y es ahí donde entran las compañías de seguros, que sí ofrecen una indemnización por haber alcanzado el grado de incapacidad absoluta.

En cuarto y último término, lo más elevado en lo que a incapacidad se refiere es la gran invalidez. En este supuesto, se tiene el derecho de cobrar un complemento económico aparte de la pensión de incapacidad laboral absoluta. Este complemento se calcula bajo una determinada fórmula, pero nunca será inferior al 45% del importe de la pensión mensual. Por tanto, es como si el beneficiario percibiera, en la práctica, una pensión “y media”. En lo que respecta a los seguros, no todos incluyen la gran invalidez, siendo más frecuentes las coberturas por incapacidad total o absoluta, casi únicamente.

Notificación y peculiaridades

Por norma general, suele ser suficiente con entregar a nuestro agente de seguros la notificación de la Seguridad Social donde se nos reconoce la incapacidad, junto al dictamen propuesta del tribunal médico, que también se suele exigir. Pero la compañía tiene la potestad de solicitar otras pruebas médicas adicionales, sin olvidar la historia clínica, para valorar que las condiciones de la póliza se cumplen en su totalidad.

Un caso donde se podría denegar la indemnización es si la aseguradora considera que el origen de la incapacidad ya existía con carácter previo a la contratación del seguro (en contrapartida, si no se asume el riesgo contratado, el ciudadano puede reclamar ese dinero incluso judicialmente). Además, si se consigue una incapacidad total y, pasado un espacio de tiempo, esta se amplía a absoluta, la indemnizaciónya se considerará pagada.

Por otro lado, si la pensión por no trabajar debido a una patología o lesión viene determinada por sentencia, si esta es recurrida por el INSS habrá que esperar a que la sentencia sea firme. O, en otras palabras, que el Tribunal Superior emita una segunda sentencia favorable al trabajador, confirmando su situación de incapacidad permanente.

Plazos, pago y revisión

Las compañías aseguradoras, tras comprobar que todo es correcto, tendrán que abonar la indemnización al asegurado en 40 días. La cuantía a desembolsar es similar a las estipuladas por fallecimiento. Pero quienes no hacen esta reclamación en el momento -lo que puede ocurrir por desconocimiento-, tienen un plazo de cinco años para llevar adelante la petición. Hasta ese momento, la cobertura del seguro por incapacidad no prescribe.

Por último, cabe señalar una contradicción relevante. Muchas empresas aseguradoras paralizan el reintegro de este tipo de indemnización si la incapacidad es revisable. En este sentido, hay que tener en cuenta que todas las pensiones de incapacidad permanente son revisables hasta que se cumple la edad de jubilación ordinaria. Este factor obstaculiza en un gran número de ocasiones el hecho de disfrutar de la indemnización, algo sobre lo que, como abogados especialistas en reclamación de seguros, opinamos que se debería regular de forma más acorde a la realidad para lograr una mayor eficacia en estos seguros.

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