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María Belén Pose |’Sobre la protección y defensa jurídica y la libre elección del asegurado’

Han pasado pocos días desde la publicación de la reciente Sentencia 101/2021, de 24 de febrero, de la Sala Primera del Tribunal Supremo de (ponente Mª Ángeles Parra Lucán), sobre el límite de cobertura del seguro de defensa jurídica de las aseguradoras, pero han sido ya muchos los comentarios que la misma ha suscitado. Todos ellos centrados en un único aspecto de la misma: la declaración como “lesiva” de una cláusula que fija un límite específico al derecho a la libre elección del asegurado que, a juicio del Tribunal, equivale en la práctica a vaciar de contenido tal derecho.

Lee la noticia aquí, tal y como la recoge confilegal.

Me limitaré en estas primeras reflexiones a vuelapluma a apuntar aquellos aspectos que, más allá de los “titulares”, no deberían perderse de vista en cualquier análisis mínimamente riguroso que se lleve a cabo en relación a esta resolución.

Para llegar a la declaración de lesividad, la Sentencia parte de las consideraciones que, de manera recurrente, aunque poco conocida fuera de los círculos de quienes nos venimos dedicando al apasionante mundo de la protección jurídica “pura”, viene vertiendo el TJUE desde hace algo más de una década. Se trata de una línea jurisprudencial tan clara como consolidada, claramente acotada a un aspecto tan específico como es el de la suma asegurada en los casos de libre elección en el ámbito del seguro de protección jurídica (no confundir con la defensa jurídica en el seguro de responsabilidad civil). Y así, el TJUE ha venido reiterando que se pueden fijar límites a la cuantía cubierta por el asegurador en función de la prima pagada, pero siempre que ello no comporte vaciar de contenido la libertad de elección por el asegurado (…), lo que corresponde comprobar en cada casoal órgano jurisdiccional nacional.  Esa necesidad de proceder al análisis del caso concreto que en cada momento nos ocupe no debería ser pasada por alto, y es además algo que, por otra parte, viene caracterizando a la inmensa mayoría de resoluciones judiciales que hacen referencia a la suma asegurada en el seguro de protección jurídica.

Como apuntábamos arriba, es fundamental no perder de vista las diferencias entre la regulación del seguro de protección jurídica y la defensa jurídica en el seguro de responsabilidad civil. La propia Sentencia así nos lo recuerda, y de hecho, es la aplicación de esta diferenciación en el análisis que se efectúa del condicionado de la póliza otro de los aspectos fundamentales en la resolución final del asunto.

Por último, conviene tener presente que la Sentencia también viene a dar continuidad a la Sentencia de la Sala Primera de 1 de julio de 2010 (ponente Gimeno Bayón-Cobos), en cuanto a la validez de la remisión a los criterios orientadores de los Colegios profesionales, de cara a la fijación de los límites asegurados.

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