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La sentencia que condenada a una aseguradora a indemnizar a un establecimiento hostelero por ‘Paralización de actividad’, analizada

El pasado 3 de febrero la Audiencia Provincial de Girona dictó una Sentencia por la que condena a una entidad aseguradora a indemnizar a un cliente por la paralización de su actividad a consecuencia de las medidas gubernamentales impuestas con motivo de la alerta sanitaria originada por la expansión de la COVID-19.

Fernando Peña López, director de la Cátedra Fundación Inade-UDC y profesor titular de Derecho Civil en la Universidade da Coruña, ha publicado un comentario sobre dicha sentencia.

Compartimos algunas de sus reflexiones:

¿Es la sentencia vinculante para los Juzgados de Primera Instancia?

“Este es obviamente un dato relevante. Aunque sea una sola, si la sentencia fuese vinculante para todos los juzgados que están por debajo de las audiencias, sus efectos podrían ser potencialmente muy trascendentes. Sin embargo, la respuesta es negativa. Esta sentencia, como cualquier otra resolución de una audiencia provincial, ni siquiera es vinculante para los juzgados de su provincia. En los países de Derecho continental como España el principio fundamental es que cada juzgado o tribunal adopta sus decisiones de forma absolutamente libre e independiente, únicamente con sujeción a la ley (art. 117.1 CE). En España, salvo contadas excepciones, las sentencias de los tribunales de mayor rango no son vinculantes para otros juzgados y tribunales. Sólo lo son para las partes que participaron en el proceso. La excepción más destacable de esta regla básica del Derecho español es la de las sentencias del Tribunal Constitucional que sí son vinculantes, y la de algunas sentencias -pocas- del Tribunal Supremo, pero desde luego no las de la Audiencia Provincial de Girona”.

¿Estamos ante una decisión fácilmente reproducible si se vuelve a plantear un caso parecido?

[…] es otra más dentro de las innumerables resoluciones que se ocupan del problema de las denominadas «cláusulas limitativas de los derechos del asegurado». En concreto, la sentencia declara que la exclusión, contenida en las condiciones generales de la póliza, de las pérdidas “resultantes de limitaciones o restricciones impuestas por cualquier organismo o autoridad pública, o por cualquier otro caso de fuerza mayor” es una cláusula limitativa que no ha sido: a) destacada un modo especial, ni b) expresamente aceptada por el asegurado. Estos dos requisitos son los que exige el art. 3 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) para que este tipo de cláusulas sean válidas. Como no se respetaron por la compañía aseguradora, el juez declara inválida la exclusión y, como consecuencia, cubierto el siniestro.

A primera vista, por lo tanto, no parece una resolución especialmente complicada de analizar. Sin embargo, la realidad es bastante distinta. La aparente simplicidad de lo resuelto encierra al menos un par de problemas que es necesario entender para comprender tanto el acierto -o no- de la Audiencia de Girona, como el alcance de la sentencia. El primero de los problemas tiene que ver con que la sentencia simplifica la manera en que está diseñada técnicamente la cobertura de pérdida de beneficios en las pólizas que habitualmente se contratan en España. El segundo con el propio concepto de cláusulas limitativas, al que el tribunal parece identificar, sin más, con el concepto de exclusión o cláusula de exclusión.


La conclusiones de Peña López

  1. Estamos ante una sentencia que sólo es vinculante para las personas y entidades que fueron parte en el proceso: el titular del negocio de pizzería y la compañía aseguradora. Nadie más está obligado a seguir su criterio, ni siquiera los juzgados de Girona. El único motivo por el que otros jueces o tribunales ante los que se invocase esta sentencia podrían reproducir su decisión es porque les parezca que el criterio de la Audiencia es correcto.
  2. La decisión tomada en la sentencia no es fácilmente reproducible en otros casos similares porque la Audiencia de Girona omitió pronunciarse sobre un aspecto típico de la cobertura de pérdida de beneficios en España, a saber, que ésta sólo opera cuando se ha producido un siniestro de daño material. Cualquier otro juez o tribunal que resuelva sobre un caso similar tendrá que hacerlo y, a mi modo de ver, esta circunstancia supone un obstáculo muy difícil de superar.
  3. Existe, sin embargo, un riesgo no desdeñable de que, en una póliza de pérdida de beneficios independiente de los daños materiales (un producto que existe en el mercado y que tiene cierta implantación en otros países de la UE), pudiera considerarse que la cláusula que excluye las pérdidas por cierre gubernativo es una cláusula limitativa.
  4. En este sentido, es importante que el sector asegurador, y especialmente las compañías, se den cuenta de la importancia que tiene que los tomadores no sólo reciban un ejemplar de las condiciones generales y particulares de las pólizas, sino que los devuelvan firmados -con firma electrónica o manuscrita- debajo de una aceptación expresa de las cláusulas limitativas y excluyentes que contiene la póliza. Esa altamente improbable que la Audiencia Provincial de Girona hubiese podido tomar la decisión que he comentado si: a) el tomador hubiese devuelto firmado el documento con las condiciones generales de la póliza, aceptando las exclusiones que contiene y b) todas las exclusiones estuviesen resaltadas en negrita o de otra forma especial.

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