Pilar González de Frutos

Pilar González de Frutos | Renovemos la Ley de Contrato de Seguro para que coseche otros 40 años de éxito

La Ley de Contrato de Seguro cumple, nada más y nada menos, que 40 años. Es momento de celebración, porque estamos ante una de las leyes más longevas de nuestra democracia y es, en parte, responsable del importante desarrollo que ha tenido la industria aseguradora en las últimas cuatro décadas. Pero también es momento de reflexión. Especialmente si no queremos que esta ley deje de ser una palanca de progreso para el sector asegurador, como ha sido hasta ahora, y se convierta en un lastre. Esta reflexión debe conducirnos hacia todos aquellos aspectos de la ley que son susceptibles de mejora desde una perspectiva de siglo XXI, es decir, teniendo en cuenta no sólo el contexto social y tecnológico actual, sino también el que previsiblemente se producirá en los próximos años y que ya somos capaces de prever.

Si la Ley de Contrato de Seguro ha legislado con éxito durante todos estos años ha sido no sólo porque fue elaborada por excelentes mercantilistas, sino porque ha sido capaz de completarse y modificarse cuando ha sido necesario y, ahora, lo es.

No hay más salida que evolucionar. El marco legal por el que se ha regido el sector en los últimos 40 años debe avanzar. ¿Hacia dónde? En el horizonte debemos tener dos grandes retos: digitalización y sostenibilidad. Para alcanzarlos podemos identificar hasta cuatro aspectos clave que deberían reformularse para adaptarse al nuevo entorno del seguro.

El primero y más evidente por su carácter global es el propio lenguaje de redacción de la norma. De nada sirven las iniciativas sectoriales, o incluso individuales, por la simplificación léxica en favor de una mejor comprensión de conceptos para los clientes, si el rigorismo de la legislación contractual impone una terminología e incluso una redacción alambicada y compleja. Este exceso de rigurosidad que nació con el objetivo de proteger al cliente, se convierte de esta manera en un elemento de desprotección, dado que ejerce de barrera comprensiva entre cliente y contrato.

Más flexibilidad necesita también el segundo aspecto que se debería actualizar en esta norma y que no es otro que la propia gestión contractual. Una ley redactada en 1980 difícilmente podía contemplar que un cliente adquiera un producto desde su teléfono móvil, durante un viaje en autobús, sentado en el banco de un parque o tomando un café en un bar. Pero esta es la realidad actual y a la que debe responder la Ley de Contrato de Seguro en 2020. Cuando las fórmulas de comercialización se simplifican de forma generalizada, no tiene sentido que nuestro marco legal obligue al cliente, en su artículo 3, a aceptar por escrito o soporte duradero las cláusulas limitativas del contrato, algo que dificulta sin duda la formalización del mismo. Tanto por comprensión del contenido como por formalismos a la hora de aceptar.

El exceso de rigidez caracteriza, de hecho, el tercer aspecto importante de la ley que, como parte de su celebración de aniversario, deberíamos revisar y reconducir. Pongo la mirada, por ejemplo, en la propia duración del contrato. Hace 40 años, aun calculando las cifras a valor actual, la provisión matemática del seguro de vida español era una septuagésima parte de la de hoy. Tenía sentido entonces que la duración del contrato estuviera limitada a 10 años. Sin embargo, cuando hablamos de que la comercialización actual tiende a la simplificación hablamos también de poner las cosas fáciles al cliente en períodos de cobertura. ¿No tiene entonces más sentido que la duración del contrato sea la que pacten las partes para el mayor beneficio de ambos?

Algo parecido ocurre en lo referente al impago de la prima, recogido en el artículo 15 de la ley. Como es lógico, el impago implica el fin de la cobertura pero, para formalizarse dicho cese, debe haberse dado al cliente un margen de un mes. ¿Qué sentido tiene esto cuando en la actualidad se están comercializando seguros de un solo día de duración? Si una persona adquiere un seguro durante dos días y nunca paga la prima, ¿implicaría la literalidad de este artículo que el asegurador debería ofrecer cobertura a cambio de nada? De nuevo, vemos cómo la renovación de la norma es la única vía para avanzar y seguir creciendo como sector.

Una cuestión de plazos es también el último aspecto sobre el que me gustaría fijar la mirada. Se trata de la regulación de la mora del asegurador. Hace ahora 40 años se fijó que, en caso de que la mora supere los dos años, se establecería un interés anual nunca por debajo del 20%. Teniendo en cuenta la coyuntura económica y bancaria actual, un 20% es, cuanto menos, un interés confiscatorio. ¿No ejerce aquí nuestro marco legal como palo en la rueda?

Resulta evidente que tenemos mucho margen de mejora en una ley que, como he mencionado en primer lugar y me parece importante remarcar, ha servido de palanca de apoyo para que el sector asegurador consiga progresar. Está en manos del poder legislativo rejuvenecerla para que siga abriendo nuevas oportunidades en los años venideros. 

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