José Luis Fernández Sánchez

José Luis Fernández Sánchez | LCS: 40 años de una ley excelente

La Ley de Contrato de Seguro es una excelente ley. En su actual redacción, cumple satisfactoriamente su cometido (regular el contrato de seguro y sus vicisitudes) y ello es particularmente meritorio porque no hay que perder de vista que nos hallamos ante una norma que la más antigua, o de las más antiguas, del Derecho Mercantil, y que atañe a una figura contractual muy dinámica. Además, se trata de una ley que atesora un amplio y fecundo desarrollo jurisprudencial y doctrinal, que le permite mantener su vigencia y adaptarse a los cambios sociales y de la práctica contractual.

No obstante, sí existen, como no puede ser de otro modo tratándose de una norma con 40 años de vigencia, algunos aspectos que bien podrían clarificarse, actualizarse o mejorarse. Algunos de ellos afectan directa o indirectamente a la actividad del mediador y son fuente de inseguridad en su actividad, y de conflictos e inseguridad para el tomador del seguro. Conforme al criterio de quien suscribe, dichos aspectos son lo siguientes:

  • En el art. 20 debería clarificarse la obligación de la aseguradora de informar al tomador del importe de la prima, si se modifica por cualquier motivo, aunque sea en aplicación del contrato, con al menos dos meses de antelación respecto al vencimiento, otorgando a partir de ese momento, y tras conocer la prima, quince días al tomador para oponerse a la prórroga. Esta falta de información limita los derechos de oposición a la prórroga por parte de los tomadores y complica la gestión de las pólizas a los mediadores.

  • El art. 10 relativo a las cuestionarios de riesgo, debería clarificarse en el sentido de que no tendrán valor de respuesta a cuestionario, y carecerán de cualquier valor contractual, las declaraciones unilaterales sobre las características del riesgo introducidas unilateralmente por la aseguradora y que no respondan a efectivas respuestas del asegurado. También debería clarificarse que las categorías de actividad o riesgo consignadas en la póliza, deberán responder a respuestas efectivas del asegurado, y no a catalogaciones de la propia aseguradora, para que puedan dar lugar a la aplicación de esta norma.
  • El art. 21, segundo apartado, tras regular el valor de las comunicaciones del corredor a la aseguradora en nombre del tomador, debería clarificarse quién debe recabar el consentimiento expreso del tomador para suscribir un nuevo contrato, modificar o rescindir el contrato en vigor, y también si dicho consentimiento expreso debe trasladarse a la aseguradora, o bien basta con que lo haya recabado internamente el corredor ante su cliente.

  • Los arts. 34 y 35, que regulan el efecto de la transmisión del objeto asegurado respecto a la vigencia del seguro de daños, son los que quizá deberían actualizarse y reformularse en mayor profundidad, pues no se adaptan a una práctica social. El transmisor del bien (el vendedor), desea normalmente anular el contrato tras la venta y percibir un extorno por la prima no consumida, lo que en modo alguno contempla la norma. Debería contemplarse esta facultad y el derecho al extorno o por lo menos la obligación de la aseguradora de reservar la prima no consumida para cualesquiera otros seguros que contrate el tomador.

  • El art. 44, segundo inciso que establece que la Ley de Contrato de Seguro no es imperativa a los seguros de grandes riesgos, debería modificarse para establecer que ello será así sólo en el caso de que tomador y aseguradora así lo pacten expresamente, remarcando además que incluso en dicho caso la Ley de Contrato de Seguro tendrá carácter supletorio, y que el apartamiento de la misma en el seguro de grandes riesgos deberá ser equilibrado y justificado, de modo que no se perjudique con ello los derechos del tomador. El actual redactado de esta norma se presta en la práctica a desequilibrios en perjuicio del tomador en los seguros de grandes riesgos.
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