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Hogan Lovells analiza las implicaciones para el sector asegurador el Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma

El sábado 14 de marzo se ha publicado en el BOE el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Hogan Lovells ha analizado las medidas que impactan directa o indirectamente en el sector asegurador español.

Posibilidad de mantener abiertas al público las “entidades de seguros”

Las “entidades de seguros” (entendiendo por tales a las aseguradoras, mediadores y agencias de suscripción) podrán mantenerse abiertas al público durante el período que dure el estado de alarma.

Existe una cierta contradicción entre el artículo 7 y el artículo 10 del RDEA, pues el primero permite, como se ha indicado, el desplazamiento a entidades de seguros y, sin embargo, el segundo no incluye estos establecimientos como una excepción a la suspensión de apertura al público de locales y establecimientos minoristas. En cualquier caso, dado que se permite el desplazamiento a este tipo de entidades, no parece que exista duda sobre que las “entidades de seguros” (entendiendo por tales, a nuestro juicio, a las aseguradoras, mediadores y agencias de suscripción) podrán mantenerse abiertas al público durante el período que dure el estado de alarma. Por supuesto, nada impediría que estas entidades decidieran no ofrecer este servicio de atención al público, o lo ofrecieran de forma no presencial o telemática. Esta sería una decisión puramente empresarial, asegura el estudio de Hogan Lovells.

Expedientes ante la Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones

Quedan suspendidos los términos e interrumpidos los plazos para la tramitación de los expedientes en curso ante la DGSFP durante el tiempo que dure el estado de alarma, sin perjuicio de la potestad de la DGSFP de acordar, mediante resolución motivada, la no suspensión cuando ello sea necesario para evitar perjuicios graves a los administrados.

Procedimientos judiciales

Siempre y cuando no resulten aplicables las excepciones previstas en el RDEA, se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. Se suspende asimismo cualquier señalamiento fijado en las próximas dos semanas (audiencias previas, juicios, etc.), aunque muy probablemente este plazo se extenderá más allá de los primeros quince días.

Los plazos tanto de prescripción como de caducidad de todas las acciones y derechos quedan suspendidos durante la vigencia del estado de alarma. Por tanto, desde la entrada en vigor del RDEA el 14 de marzo de 2020, a cualquier plazo de prescripción o caducidad que esté en curso deberemos añadirle los días durante los que se prolongue el estado de alarma.

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