Carlos Lluch | LCS: una jubilación pendiente

No habían pasado dos años desde la entrada en vigor de nuestra Constitución. Dos meses después asesinarían a John Lennon y tan solo tres meses después de su publicación, rugirían las pistolas en el Congreso, un 23F. Y es que nuestra Ley de Contrato de Seguro vio la luz un 8 de octubre de 1980. Eso sí, entró en vigor el 14 de abril del año siguiente al tiempo que Luis Suñer, empresario propietario de Avidesa, era liberado de su secuestro por ETA.  También un 14 de abril, pero de 1912, se iba a pique el Titanic.

Lejos de naufragar en su primera singladura, llevamos conviviendo, disfrutando y soportando a la venerable LCS desde hace cuarenta años. En este tiempo uno ha tenido tiempo más que sobrado para conocerla, para tontear con ella y para descubrir sus virtudes. Y sus vicios. Me sorprende el hecho de que tantos parezcan no haberla leído siquiera. No será por insistencia de la dama sino por falta de interés en ser visto con ella, entiendo.

La cuestión es que con tantos años, con tantas cosas como han llegado a nuestro mundo y otras tantas que pertenecen a un pasado ya remoto, cabe cuestionarse si tan venerable Ley sigue siendo la que necesitan tanto el sector, como – especialmente – el cliente así como esa corte de figuras que se mueven detrás del forillo del escenario llamados asegurado, beneficiario, cesionario, tercero, etc y que tan complicado resulta de interpretar a quien no anda metido en esta peculiar harina hasta el cuello. De hecho ¡cuántos llamados “profesionales” aun confunden términos, funciones, derechos y obligaciones!

Evidentemente, el paso del tiempo ha ajado la coherencia necesaria entre la LCS y el mundo real, aquel en el que suceden las cosas y que tantas veces permanece oculto al parlamentario.

Para los aseguradores ha sido necesario crear “espíritus” en los contratos, con tal de explicar lo inexplicable en un contrato de adhesión, sinalagmático (que obliga a ambas partes) y que por hacerlo oscuro se entiende legitimado a excluir o limitar a su antojo. Para los ciudadanos, el de seguro sigue siendo un contrato que se asemeja a una anguila, escurridiza y desagradable al tacto, a un galimatías de términos crípticos, esotéricos, difícilmente digerible a cualquier hora del día y en todo contexto: no se salvan las pólizas para particulares, ni aquellas de empresa.

El hecho es tal cual lo describo: no hay contrato de seguro que no tenga cláusulas que pueden ser interpretadas en blanco o en negro. Eso debería ser imposible si la Ley tuviera algún éxito en prevenir esa ambigüedad y si los sistemas de registro y supervisión funcionaran como merece el cliente. Pero hay más: en este tiempo han aparecido Leyes que regulan aquello que no dispone la LCS, como la de Derechos de Consumidores y Usuarios, la venta a distancia, la regulación de la privacidad y uso de datos, la prohibición de la vinculación de productos de seguro a operaciones financieras, el registro de las condiciones generales de la contratación así como nueva codificación que afecta al deber de objetividad de los peritos (art 335.2 LEC), sí, eso que parece pura ficción en demasiados casos. Es por ello por lo que la LCS, en demasiados elementos muestra una indolencia mórbida, un agotamiento crónico, que la hace poco interesante para quien espera una protección efectiva de la parte más débil en el contrato. El riesgo, adicional, es que para muchos aseguradores todo se limita a la LCS y no han incorporado ese universo citado de protección al usuario en sus relaciones con el cliente.

Cuando la LCS vio la luz faltaban doce años para que las personas jurídicas pudieran mediar seguros, Internet era un experimento militar y faltaban más de dos años para que naciera el protocolo TCP/IP y diez para que naciera la primera web. La Ley de Disciplina de las Entidades de Crédito prohibía a bancos y cajas hacer nada distinto de su “objeto social exclusivo” y no podían tocar nada que oliera a banca de inversión.

Pese a sus cuatro décadas en ejercicio, la LCS aún tiene demasiados artículos que son territorio inexplorado. Aún hoy día, resulta improbable hallar contratos en una lengua distinta al castellano. Pese a que el artículo 8º de una Ley imperativa afirma tal derecho ni las lenguas cooficiales españolas ni las de la CE han obtenido el cumplimiento de un derecho fundamental. Tampoco se salva el cumplimiento del deber de proceder al pago del importe mínimo conocido. Ni, obviamente, el de pagar intereses de mora. Cualquier observador imparcial puede examinar los plazos medios de liquidación de siniestros y entenderá de qué hablo.

En las pólizas de daños y de vida no hay la posibilidad de nombrar acreedor privilegiado a un banco por una cuantía limitada al saldo vivo, sino que se nos plantea la gamberrada de nombrar al banco tomador de derecho al hacerle una cesión de derechos del tomador o beneficiario por todo lo que pase en relación con el riesgo asegurado y por la totalidad de las indemnizaciones. Lo ocurrido en Lorca debería haber puesto en guardia al Parlamento y al Supervisor, pero, claro ¡eso habría sido lo normal! y no es normalidad lo que respiramos quienes observamos con inquietud y alarma lo que de verdad sucede.

Resulta anecdótico que el asegurado sea informado acerca de su derecho a nombrar perito y, desde luego, menos aún se le informa acerca del derecho a elegir libremente dónde reparar contemplando lo que dice la Legislación en materia de Competencia respecto a la libertad de precios y la prohibición de pactos. También resulta obvio que hay un serio problema cuando nos encontramos con que el asegurador cobra la prima aplicando una tasa sobre el valor de compra del bien, pero a la hora de indemnizar decide no liquidar el IVA, aun habiendo cobrado prima sobre este ¿quién obtiene ahí un beneficio injusto? ¿Se trata de un caso más de EDUARF, “fraude” al revés? Tal como resolvió la DGSyFP en 2003 el asegurador no es nadie para decidir si su cliente hará o no la posterior compensación de impuestos y debe limitarse a pagar el coste total. Curiosamente, lo hace si envía reparadores, pero no cuando estos son elegidos por el cliente. ¿Doble vara?

No ha resuelto la LCS un grave problema que se acentúa con la longevidad y es la indefensión de un cliente de seguro de salud que lleva toda la vida pagando la prima sin inducir gasto y que, de repente, ve como el asegurador recurre al artículo 22 o le propone una prima astronómica para que sea él quien se arroje por el barranco de la anulación. Eso suele ocurrir cuando el cliente se torna indeseable por devenir crónica alguna patología. Ello no habla de un sector que gestiona riesgos con inteligencia y responsabilidad sino de una industria que puede acabar muy mal en términos de ética y confiabilidad. Otro, igualmente doloroso, es el posible fraude de Ley que representan esas coberturas de libre elección para gastos legales que llegan al ridículo de pretender que con 250 euros alguien puede pagar abogado, procurador y costas. Eso es cinismo puro bajo el amparo de una Ley superada por la realidad.

Tampoco, ha puesto en juego algo de prevención en el abuso que se produce en los seguros de ahorro e inversión. Puede que, en los años 80, con tipos de interés de dos dígitos, se llegara a taponar la mordida que las altas comisiones de distribución y gastos aplicados habían producido en las primas de los años iniciales pero con intereses próximos al cero estamos asistiendo a puros negocios extractivos y en una materia que necesitamos preservar y reputar como es el ahorro complementario. No es de recibo que un interés técnico sirva para engañar, para confundir. Urge un sistema conocido como es la TAE para que el consumidor sepa lo que hace y urge que el contrato informe todos los gastos aplicados de forma transparente. O que se prohíba la comisión en este tipo de productos y la retribución quede tan solo en forma de honorarios transparentes y pactados.

¿Qué debería ocurrir y espero que en breve plazo?

Deberíamos jubilar a nuestra LCS. No será una jubilación anticipada: lleva cotizados 40 años.

Deberíamos ayudar a nuestros Legisladores a preparar algo que resista el embate de la ola que se nos viene encima con los riesgos derivados del tratamiento de los datos y su automatización, nuevos canales y el recurso a bots, actores too big to fail y prácticas no siempre ejemplares capaces de replicarse miles o millones de veces hasta que son detectadas y corregidas. Para ello esos Legisladores – que puede que sepan mucho de Leyes, pero en seguros pinchan con facilidad en hueso – deberían escucharnos a todos los actores: aseguradores, distribuidores y, especialmente, al consumidor y al empresario que son quienes pagan no solo la fiesta. También (demostrado) el pato.

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