Asunción Alburquerque

Asunción Alburquerque | La necesidad de revolucionar la Ley del Contrato de Seguro tras 40 años

Cuarenta años son muchos. En cuatro décadas hemos avanzado como sociedad a una velocidad increíble, mucho más de lo que esperábamos. Todavía no tenemos naves espaciales que transitan nuestras calles, ni vivimos en diferentes planetas, pero se han desarrollado otros inventos que han cambiado por completo nuestra forma de vivir, como es Internet y todo lo que gira en relación a la tecnología. Como todo, hay que renovarse, y la magnífica Ley del Contrato del Seguro, que llegó en 1980 después de casi 100 años de regulación dentro del Código de Comercio de 1885, debe modificarse por completo.

Creo firmemente que una buena parte de la actual ley está plenamente vigente ya que ha sido actualizada de forma parcial en distintas ocasiones. Sin embargo, varios artículos han necesitado ser interpretados y reinterpretados por los tribunales o completados mediante guías de buenas prácticas, puesto que la realidad de 1980 difiere mucho a la actual, algo que implica una reforma centrada principalmente en utilizar un lenguaje más comprensible y que introduzca mayor seguridad jurídica.

Desde mi punto de vista, los aspectos que más urgentemente deberían actualizarse son las cláusulas limitativas, los intereses moratorios del artículo 20, la regulación del impago de la prima del artículo 15 y la regulación de la defensa jurídica en los artículos 76 a) a 76 g).

En primer lugar, las cláusulas limitativas, cuya regulación actual en el artículo 3 exige que, para ser válidas deben estar destacadas y aceptadas de forma individualizada por escrito, una regulación que podía tener sentido antiguamente, pero desde luego no encaja ni en la venta telefónica ni en la venta por Internet.

En relación a los intereses moratorios del artículo 20, actualmente penalizan al asegurador que incumple con la obligación de pago de la prestación a pagar un interés moratorio elevado (el interés legal del dinero más el 50% desde el incumplimiento de la obligación hasta transcurridos dos años y del 20% a partir de entonces). El interés del 20%, si bien estaba alineado con el tipo de intereses existentes en 1980, hoy en día es desproporcionado.

El funcionamiento de la regulación del impago de la prima del artículo 15 también es preocupante, ya que todavía genera dudas y ha sido objeto de continuos conflictos en los tribunales. Además, su regulación (sin cambios desde 1980) obedece a una situación en la que el pago se efectuaba de forma bastante menos digital que en la actualidad, por lo que los plazos previstos para considerar que el contrato de seguro se ha extinguido por falta de pago pueden reducirse.

En relación con la regulación de la defensa jurídica, la buena praxis en este tipo de seguros viene marcada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a través de su Guía 1/2018, y dicha guía viene a cubrir lagunas en temas tales como los conflictos de intereses, la libre elección de abogado o la solución de conflictos mediante el arbitraje. Sería conveniente que las buenas prácticas se incluyeran en el texto legal.

Por otro lado, a propósito de las obligaciones derivadas de la transposición de la Directiva de Distribución (por el Real Decreto Ley 3/2020 de 4 de febrero), y con el fin de coordinar las distintas normas legales en juego, sería conveniente que la sección segunda del título I, relativa a la documentación del contrato y a la previa a la contratación, se ajustaría para determinar cómo resolver las posibles discrepancias entre la solicitud de seguro, la oferta de seguro y el documento de información previa

En términos globales, desde mi punto de vista, creo que sería muy positivo que, aprovechando la reforma de la ley, se redactara de una forma más entendible. UNESPA lleva tiempo trabajando en promover en el sector la utilización de un lenguaje más comprensible para los asegurados, por ejemplo, a través de la guía de buenas prácticas en la redacción de los documentos de información previa la referida guía incluye una relación de términos aseguradores y una propuesta más amigable y comprensible para redactar los documentos de información previa, que son aquellos que contienen información sobre el producto para que los clientes potenciales puedan comparar productos similares en el mercado antes de tomar su decisión de compra.

Las leyes que son más justas y que mejor se entienden son las que más se cumplen. Por tanto, cualquier reforma que sirva para introducir claridad y sentido común beneficia a todo el sector y canales. Y es obligación de todos trabajar para que los textos legales no sean algo solo reservado a los juristas. Una ley que otorga derechos y obligaciones a los ciudadanos ha de poder ser leída y entendida por ellos mismos.

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