Ana García Barona | Cuarenta aniversario de la Ley de Contrato de Seguro

Ana García Barona | Cuarenta aniversario de la Ley de Contrato de Seguro

El 8 de octubre de1980 se aprobaba la Ley de Contrato de Seguro (LCS).

Bajo el prisma de la protección de los derechos de los tomadores, asegurados, beneficiarios y terceros perjudicados, la Ley de Contrato de Seguro es una ley clara, concisa y que está soportando, con orgullo, el paso de sus 40 años, manteniendo plenamente su vigencia.

Se echa de menos en ella un preámbulo, que nos habría permitido conocer de primera mano las circunstancias y principios que rigieron su elaboración. Pero la técnica normativa de los años ochenta nada tiene que ver con la actual, en la que las normas se someten a procedimientos de consulta pública previa, audiencia e información pública, además de, en el caso de los proyectos de seguros, a la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones; y algunas, a procesos de evaluación ex post.

En estos cuarenta años ha sido modificada en quince ocasiones y ha sido objeto de interpretación en múltiples sentencias.

Pasados diez años desde su promulgación, fue la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para adaptar el Derecho español a la Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida, y de actualización de la legislación de seguros privados, la que incorporó, entre otras modificaciones, un título IV con normas de Derecho Internacional Privado y una sección novena sobre el Seguro de Defensa Jurídica.

La Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación en Seguros Privados eliminó los efectos de las comunicaciones y pago de primas a un agente afecto representante del asegurador.

Una de las reformas más importantes fue la llevada a cabo por Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados en relación con el interés de demora aplicable a las aseguradoras. Otras novedades fueron: la posibilidad de que la póliza se redactara en otras lenguas a solicitud del tomador, la definición de coaseguro comunitario, las cláusulas ‘claim made‘, la facultad del tomador de resolver los contratos de seguro de vida individuales y la modificación de las normas de Derecho Internacional Privado.

La Ley 18/1997, de 13 de mayo, modificó de nuevo el artículo 8 para garantizar la plena utilización de todas las lenguas oficiales en la redacción de los contratos.

La Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero modificó el concepto del seguro de Vida.

La ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal reformóel artículo 37, en relación con la declaración de concurso en caso de muerte del tomador o el asegurado.

Mediante la Ley 34/2003, de 4 de noviembre, de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados, se introdujeron modificaciones en relación con el derecho de rescisión del contrato, la utilización de soportes duradero para la documentación del contrario, la contratación a distancia y la contratación electrónica.

La disposición adicional décima de Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de seguros y reaseguros privados, modificó nuevamente la Ley de Contrato de Seguro en lo relativo a la necesidad de que en el contrato se mencione al mediador que intervenga en el mismo y a las comunicaciones al corredor.

La Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores y la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, deroga diversas disposiciones como consecuencia de la regulación introducida por dichas normas.

La Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, introdujo una disposición adicional cuarta, relativa a la no discriminación por razón de discapacidad.

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria modificó la designación de tercer perito en caso de falta de acuerdo entre las partes.

Otra de las grandes reformas se acometió con la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, especificando que, en los seguros personales, el asegurado o tomador no tiene obligación de comunicar la variación de las circunstancias relativas al estado de salud del asegurado, regulando por vez primera los seguros de decesos y de dependencia y reforzando la libre elección del prestador de servicios en los seguros de decesos, asistencia sanitaria y dependencia.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 1/2018, de 11 de enero, sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, declaró nulo e inconstitucional el artículo 76 e).

La última modificación se llevó a cabo por Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, añadiendo una disposición adicional quinta sobre no discriminación por razón de VIH/SIDA u otras condiciones de salud.

La reforma más completa, que no llegó a su fin, se inició en 2006, cuando se encargó a la Sección Segunda, de Derecho Mercantil, de la Comisión General de Codificación, la elaboración de Código Mercantil. El texto fue aprobado como anteproyecto de Ley en el Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2014. El Consejo de Estado emitió su dictamen el 29 de enero de 2015.El Ministerio de Justicia, publicó en su página web, el día 7 de noviembre de 2018, la Propuesta de la Sección Segunda, de Derecho Mercantil, del Anteproyecto de Ley de Código Mercantil tras el Dictamen del Consejo de Estado. El Código incluía una revisión completa de la Ley de Contrato de Seguro, manteniendo la misma estructura, y con carácter general, los mismos principios básicos, lo que volvió a poner de manifiesto la bondad de la norma.

En los proyectos normativos que se están tramitando actualmente por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no está prevista ninguna modificación que afecte a la regulación del contrato de seguro.

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