CESCE

La línea de coberturas de Cesce por el coronavirus activa su segundo tramo de 1.000 millones

La Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado (CRE) ha aprobado la activación del segundo tramo de 1.000 millones de euros correspondiente a la línea de cobertura para créditos de circulante de Cesce por el coronavirus.

Esta línea fue puesta en marcha por la aseguradora el pasado mes de abril para cubrir las necesidades de financiación de empresas internacionalizadas, pymes y no cotizadas, derivadas de la crisis generada a raíz de las medidas de contención impuestas para mitigar la expansión del coronavirus.

Hasta la fecha, esta línea gestionada por Cesce y tramitada a través de los bancos ha registrado 630 operaciones, de las que 413 corresponden a pymes, y ha movilizado créditos por valor de más de 1.000 millones de euros.

Por sectores, la industria manufacturera, el comercio al por mayor y al por menor, la reparación de vehículos de motor y motocicletas y las actividades profesionales, científicas y técnicas se sitúan a la cabeza de las solicitudes de esta línea; les siguen la construcción, información y comunicaciones, transporte y almacenamiento y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Ante los efectos económicos de la pandemia, el Gobierno autorizó en marzo la creación de esta línea de cobertura aseguradora, con carácter extraordinario y con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización. Comenzó a funcionar en abril con una dotación total de 2.000 millones de euros, articulados en dos tramos de 1.000 millones de euros cada uno. Ahora, se ha activado el segundo, que puede solicitarse hasta el 18 de septiembre de 2020.

Las coberturas están destinadas a empresas cuya facturación internacional represente, al menos, un tercio (33%) de su cifra de negocio.

También, a los exportadores regulares, aquellas empresas que hayan exportado durante los últimos cuatro años, de forma ininterrumpida, independientemente de su facturación internacional.

No obstante, quedan excluidas las empresas que tengan deudas con la Administración Pública, las que estén sujetas a un procedimiento concursal o pre-concursal y las empresas en situación de crisis o morosidad a 31 de diciembre de 2019.

La liquidez provista puede utilizarse para necesidades financieras, internacionales y nacionales, como el suministro de bienes, la prestación de servicios o cualquier otra que requieran las empresas españolas.

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