doceava videoconferencia del grupo de trabajo 'crisis COVID-19'.

El impacto del COVID-19 en el sector asegurador llegará en el 2021: menos primas y más siniestralidad

Inade, Instituto Atlántico del Seguro, en colaboración con Fundación Inade, celebró la doceava videoconferencia del grupo de trabajo ‘crisis COVID-19’.

El primer invitado de la jornada, José Boada Bravo, presidente de Pelayo Mutua de Seguros, afirmó que el impacto del COVID-19 en el sector asegurador llegará en el 2021, como consecuencia de la caída del PIB. Desde su punto de vista el año que viene “nos encontraremos con un escenario con menos primas y más siniestralidad, teniendo gran incidencia cómo se comporten las inversiones en los mercados financieros”.

Asimismo, destacó que Pelayo está en permanente contacto con todos los distribuidores y que se han barajado todo tipo de soluciones para los tomadores: “Estamos premiando a los distribuidores que están haciendo esfuerzos por conservar la cartera en las mismas condiciones”.

Una de las especialidades de Pelayo es el ramo de seguros agrarios, sobre el que su presidente comentó que es el ramo “que está respondiendo mejor y manifestando un mejor comportamiento. Es un sector al que le está afectando menos la situación, ya que está siendo un sector prioritario y se está manteniendo el consumo. “Es el único ramo que en estos meses no ha tenido ninguna caída de producción, incluso es un poco superior al año pasado”.

Adolfo Campos, director de Inade y moderador de la reunión, le preguntó si cree que el sector proporcionará alguna solución de futuro para el riesgo de epidemia/pandemia, a lo que Boada respondió que se están haciendo “avances en la negociación de cobertura vía Consorcio. Lo estamos estudiando con bastante amplitud y analizando toda la problemática asociada al riesgo de pandemia y de paralización por el estado de alarma. Hay predisposición por analizarlo con la
industria y buscar una solución”.

Más ayudas a los autónomos desde el sector privado que desde el público

El segundo invitado de la mañana fue Lorenzo Amor Acedo, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), quien preguntado por la situación de los autónomos en España respondió: “A lo largo de estos dos meses los gastos de muchos autónomos han sido prácticamente los mismos que antes de la llegada del coronavirus, pero los ingresos han caído en picado. Gracias a mecanismos como los ERTE y a las ayudas de las aseguradoras con la moratoria en pago de primas, la caída no ha sido mayor”.

A lo que añadió que, en su opinión, “ha habido cuantitativamente más ayudas a los autónomos desde el sector privado que desde el sector público” y que “no veremos la vuelta a la recuperación total de la actividad y del empleo hasta dentro de tres años”.

El apoyo de las administraciones públicas en la recuperación económica es “esencial”, así que desde
la CEOE y ATA solicitan al Gobierno que se amplíen los ERTE hasta después del verano
, “las ayudas se deben mantener para determinados sectores de autónomos que no saben aún cuando van a volver a poder retomar su actividad. Además, el crédito tiene que llegar, “no se puede ir liberando a cuentagotas.”

Según Lorenzo Amor, la fase más dura del empleo vendrá entre el tercer y el cuarto trimestre. En su opinión, “si no hay posibilidad de dar financiación, al menos se debieran haber eliminado obligaciones de cotizaciones de la seguridad social o el pago de impuestos sobre sociedades y la liquidez hubiera sido inmediata. Yo no hubiera apostado por tanto ERTE sino por otros mecanismos. A muchas empresas les hubiese sido útil eliminar cotizaciones e imposiciones en vez de asumir toda la burocracia que conlleva un ERTE, que además pueden ser una ayuda envenena”.

Se mostró además muy crítico con la actuación del Gobierno: “Nos está marcando la línea a seguir, nos está coartando la libertad de actuación y de empresa. El gobierno no puede publicar órdenes en un domingo para entrar en vigor el lunes. Lo que no puede ser es que se permita abrir determinados centros productivos y no se planifiquen con anterioridad las medidas a adoptar ni se transmitan al empresario con tiempo suficiente”.

El presidente de ATA prevé que la recuperación económica comenzará una vez transcurrido el primer trimestre de 2021 y subraya la importancia de dotar de liquidez a las empresas: “Estamos detectando un cambio emocional entre el empresario que ha conseguido la concesión de un crédito ICO y el que no tiene financiación. El control financiero da tranquilidad al empresario y le hace afrontar el futuro de otra forma”.

Quien no cumpla las medidas tendrá que abandonar la obra

El último invitado de la mañana fue Javier Garrido Valenzuela, presidente de APROIN (Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Pontevedra), que también mostró cierto recelo hacia las medidas implantadas por el Gobierno: “Es verdad que hay que proteger al trabajador, pero no se está cuidando de igual forma al empresario”.

Sobre el sector de la construcción, Javier Garrido apuntó: “Puede haber bajada en ventas a particulares, pero los fondos sí prevén invertir en complejos que se destinarán a alquiler. Además, se prevé la licitación de obra pública, ya que son generadoras de puestos de trabajo y de
recolocación de empresas”.

El presidente de APROIN comentó que han solicitado aclaraciones sobre las medidas especiales de protección para el sector de la construcción a la asociación nacional. “Las medidas propuestas no son excesivas, lo que vamos a tener que hacer es implementar medidas de precaución, que los jefes de obra las comuniquen a los empleados y que éstas se sigan a rajatabla. En otras palabras, quien no las cumpla tendrá que abandonar la obra”.

Por último, comentó que existe cierta preocupación en torno a los contratos que ya están en marcha, por las penalizaciones que acarrea el incumplimiento de plazos. Garrido espera que “la gente y los tribunales sean razonables, ya que esos posibles retrasos no serán imputables en esta ocasión a negligencia por parte de las empresas constructoras”.

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