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Las empresas con planes de pensiones privados para sus empleados, obligadas a informar de la cuantía futura estimada

El pasado martes, como bien sabemos, el Consejo de Ministros, aprobó la trasposición de la nueva Directiva de Distribución de Seguros y Reaseguros (IDD), normativa que debió entrar en vigor en la legislación española en julio de 2018. Pero paralela a ésta, también se traspuso, parcialmente, otra directiva europea. En este caso, sobre fondos de pensiones de empleo, es decir, los no individuales, de nuevo fuera de plazo, ya que venció el pasado 13 de enero.

A través de ésta, aquellas empresas que dispongan de plan de pensiones privado para sus empleados están obligados a informar a sus partícipes y beneficiarios de la cuantía futura estimada. Una medida similar a la que el Gobierno plantea, pero para las pensiones públicas.

Además, se exige a los gestores de esos planes de pensiones, es decir, bancos y aseguradoras, que cumplan unos requisitos de buen gobierno y supervisión. A lo que se suma la regulación de la movilización europea de estos planes entre distintos países de la zona euro. En lo que se refiere a información al cliente, se le ha de proporcionar información sobre sus derechos consolidados, el capital acumulado como consecuencia del ahorro, los riesgos que asume en la inversión y los costes de la gestión del fondo. Por último, también regula que esos fondos cuenten con una buena política de inversiones, ello implica que la comisión de control y sus integrantes cumplan unos requisitos de honorabilidad y aptitud; a lo que se suma que incluyan funciones de auditoría interna, actuarial y de gestión de riesgos.

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