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LCS: Los cambios que, para la mediación, son más urgentes

Regular ramos que ahora mismo no tienen encaje en la actual ley, como los seguros de caución; crear una regulación específica para seguros en auge, como todos los relacionados con la ciberdelincuencia, o regular algunos tipos de seguros que ahora mismo se escapan por las costuras de la ley como los microseguros o los seguros de protección jurídica. Deben abordarse nuevas formas de contratación; ampliar la protección del consumidor y, en general adaptar la LCS a las nuevas realidades del mercado y de la sociedad en este siglo XXI, sin minorar la protección a los asegurados y tomadores.

Son muchos los cambios que requiere la Ley de Contrato de Seguro, pero hemos querido preguntar a las principales asociaciones y representantes de los mediadores de seguros aquellos aspectos que más les preocupan y los cambios que consideran más urgentes.

Deben abordarse en primer lugar “todos aquellos puntos que a lo largo de la Vida de la propia Ley han generado problemática en su interpretación y en muchos casos tener que pleitear para hacer valer el derecho de las partes”, asegura Miguel Antonio Álvarez González, presidente de la Asociación de Corredores Grupo Intercor, y miembro del Pleno de Fecor.

Veamos algunos ejemplos. “Hay muchos aspectos a revisar y analizar, principalmente en lo referente a obligaciones entre las partes, donde a las compañías aseguradoras les cuesta cumplir con el contenido estricto del artículo 18, nos explica Alex Mestre, tesorero del Consejo General. “Una mayor claridad en lo referido a la ejecución de siniestros, mayor definición de los ramos (autos no está, por ejemplo), una adecuación o adaptación a la jurisprudencia vigente en muchos otros aspectos, entre otros, añade Mestre.

Jorge Benitez, presidente de AEMES, señala otro artículo concreto que habría que abordar. “Sobre el 16 han existido distintas corrientes doctrinales y diversas resoluciones judiciales. Creemos que en este y otros puntos debería acotarse las interpretaciones posibles para evitar la cierta sensación de desamparo o inseguridad”. “Dada la sobrecarga general de los órganos jurisdiccionales, parece necesaria la potenciación de sistemas alternativos de resolución de conflictos y, de forma especial, en el ámbito de las ODR – Resolución de disputas online, por sus siglas en inglés -”, señala José Antonio Morano, asesor jurídico de E2K.

Miguel Antonio Álvarez González nos da muchos otros ejemplos de estos puntos que en estos años han generado fricciones. “Por ejemplo el momento de pago de la Prima y la Perfección del Contrato; los fraccionamientos de pago y ocurrencia de siniestros sin la totalidad de prima abonada; el incremento unilateral de la Prima Anual con respecto a primas de años anteriores”, entre un largo etcétera, añade.

“Debería clarificarse la obligación de la aseguradora de informar al tomador del importe de la prima, si se modifica por cualquier motivo, aunque sea en aplicación del contrato, con al menos dos meses de antelación respecto al vencimiento, otorgando a partir de ese momento, y tras conocer la prima, quince días al tomador para oponerse a la prórroga. Esta falta de información limita los derechos de oposición a la prórroga por parte de los tomadores y complica la gestión de las pólizas a los mediadores”, nos cuenta José Luis Fernández Sánchez, abogado, doctor en Derecho y asesor jurídico del Colegio de Mediadores de Seguros de Barcelona.

La nueva ley, o la reforma de la actual, debe abordar  “ramos insuficientemente regulados y que deberían mejorar su regulación sin excepción, en especial aquellos que afectan a las personas”, considera Santiago Macho, presidente de Aunna. En la misma línea, Miguel Antonio Álvarez González considera prioritario revisar “Aquellos ramos que tengan relación con lo personal, como Salud, Vida y Accidentes”.

 “Es complicado que el legislador se adelante a los cambios, actúa a posteriori, pero esto no impide que dotemos a la Ley de la suficiente agilidad para que la misma cubra las necesidades en el menor tiempo posible y sin duda la contratación electrónica es otra realidad que se debe regular”, añade Santiago Macho. Pero ¡ojo!. “El problema también es de remisión”, explica Alex Mestre. “Es decir, y por ejemplo, si en la LCS tenemos una disposición adicional tercera para tratar un aspecto crucial hoy en día como es la contratación electrónica, que se introdujo en el año 2003, y a su vez, esta disposición nos remite a leyes internas del año 2002, como la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, la cual fue revisada por última vez en el año 2014, el problema no sólo está en la LCS, el problema está en cómo se estructura todo el sistema”.

“En cuarenta años se ha producido una revolución tecnológica sin precedentes por lo que, probablemente, sea en este sector donde más necesaria resulte una actualización, en especial en lo relativo a los canales de contratación” apunta José Antonio Morano, asesor jurídico de E2K.

Escasa presencia de la mediación, demasiada impunidad para la banca

Javier García-Bernal, abogado y presidente de APROMES, se lamenta de la escasa presencia del mediador en la actual ley, “al que tan sólo hace referencia por lo que respecta a la comunicación entre el tomador y la aseguradora”, dice. “Hoy en día y donde la figura del distribuidor de seguros por su importancia dentro del sector asegurador ha propiciado la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2020 como cumplimiento de la transposición de la Directiva (VE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, debería tener un mayor acomodo en la Ley del Contrato de seguro”, añade García-Bernal.

“Lo más urgente son aquellos cambios referentes a la contratación en general, y en particular a los que garanticen estricta y ampliamente la libertad para hacerlo”, urge Pablo Lariño, presidente de CIAC. “Porque en el siglo XXI, en un país democráticamente avanzado, son inadmisibles prácticas de coacción a la hora de contratar un seguro.

“Desde el Consejo General hemos luchado recientemente contra la competencia profundamente deshonesta, por no decir, abusiva del sector financiero, respecto con los mediadores tradicionales, pero somos conscientes de cuán difícil es cambiar estas dinámicas”, lamenta Alex Mestre. “Se echa en falta la defensa marcada del consumidor, así como del profesional que defiende sus derechos e intereses, lo que sí vemos que se prima en otros sectores”, añade Pablo Lariño. “En una época en que se prioriza la defensa del consumidor, entiendo que los artículos que se refieren a la resolución de siniestros, principalmente en Incendios, dejan lugar a lagunas que benefician a las aseguradoras”, añade.

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