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La defensa de los consumidores en la que la LCS fue pionera es hoy su principal talón de Aquiles

La ley de Contrato de Seguro de 1980 que hoy celebra su cuarenta aniversario puso negro sobre blanco, por primera vez en la legislación española, una regulación en la relación contractual en la que hay asimetría entre una parte fuerte con capacidad de imponer sus condiciones, y una parte más débil, sin fuerza para negociar si quiere cerrar el contrato. El objetivo de aquella ley no fue otro, en aquel entonces, que dar protección jurídica a esa parte más débil.

En aquel 1980, por este motivo, la LCS fue una ley audaz. De hecho, supuso el antecedente más claro en España de la Directiva europea sobre cláusulas abusivas de 1993 que, desde su incorporación a nuestro derecho en 1998, ha desempeñado un papel fundamental en la protección de los consumidores en particular y de los adherentes a contratos prerredactados unilateralmente por una de las partes, con carácter general.

“Es cierto que la LCS fue precursora, pero también que el enfoque de la protección del consumidor ha evolucionado, especialmente de la mano de la normativa comunitaria, por lo que, parece conveniente su actualización en esta materia, aunque sin perder la visión protectora del tomador, asegurado y beneficiario que tiene la LCS, incluso cuando no tiene la consideración legal de consumidor”, recuerda José Antonio Morano, asesor jurídico de E2K.

“La finalidad principal, no solo de esta ley a día de hoy sino de las posteriores modificaciones parciales que han venido regulando el seguro en España, es la de garantizar la protección de los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios a través del contrato de seguro, así como promover la libertad de la contratación del mismo, algo que es muy importante, en el caso de que se cuente con el asesoramiento de un corredor de seguros”, asegura Javier García-Bernal, presidente de APROMES.

Ampliar la protección de los consumidores, principal petición de la mediación para la LCS

“Defender al consumidor es lo esencial. Y no se nos olvide: es la esencia de los corredores de seguros”, asegura Pablo Lariño, presidente de CIAC. La revisión más urgente que requiere la ley es la defensa de los derechos de los consumidores” sostiene Santiago Macho, presidente de Aunna. “Es evidente que la LCS no va al mismo ritmo que las legislaciones en materia de consumo, cuando debería evolucionar de una manera semejante”, añade.

“La simplicidad, claridad y transparencia deben ser las divisas de una normativa que proteja al consumidor de las prácticas abusivas que no por ser públicas, notorias, han dejado de extenderse” asegura, rotundo, Jorge Benítez presidente de AEMES.  “La falta de adaptación sólo puede provocar inseguridad y el abuso indebido de aquellos que se aprovechan de la insuficiencia o falta de regulación” advierte Santiago Macho. Y “no es sólo cuestión del tipo de canal”, añade.

También Miguel Antonio Alvarez González, presidente de la Asociación de Corredores Grupo Intercor, miembro del Pleno de Fecor, es rotundo al afirmar que la LCS debería profundizar en medidas de protección al usuario, especialmente en ramos donde la oportunidad de prácticas abusivas es notoria y conocida. Hoy en día “se echa en falta la defensa marcada del consumidor, así como del profesional que defiende sus derechos e interese, cuando, en otros sectores, prima este aspecto” asegura Pablo Lariño, presidente de CIAC

“Debe de primar la libertad enmarcada en la legislación. Si yo distribuyo o presto un servicio necesario para la ejecución de un negocio de un tercero, es inadmisible que condicione la prestación de este o la rebaja de su coste a la contratación de un seguro, porque atenta directamente a la libertad de contratación, que es fundamental en un estado de derecho” añade Lariño.

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