Las pensiones públicas, bajo presión

El déficit anual contributivo de la Seguridad Social se sitúa en los 30.805 millones de euros (2,75% del PIB)

Los últimos informes publicados por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, elaborados por la compañía en colaboración con la Universidad de Valencia y Extremadura, muestran un empeoramiento del déficit anual contributivo de la Seguridad Social en 2020 y un IRP adelantado para el año 2021 del -1,36% (frente al -1,65% del ejercicio anterior), lo que indica un fuerte deterioro de la situación financiera del sistema de pensiones español.

El déficit anual contributivo de la Seguridad Social, resultado de introducir ajustes en los ingresos y gastos por operaciones no financieras para excluir los ingresos y gastos no contributivos y las transferencias internas, ha aumentado, situándose en 30.805 millones de euros, equivalentes al 2,75% del PIB, frente al déficit anual del 2,47% del PIB del trimestre anterior y al 1,59% del PIB de hace un año.

En cambio, la bajada del déficit por operaciones no financieras del cuarto trimestre y de todo 2020 en general se ha debido al aumento de las transferencias del Estado a la Seguridad Social a lo largo de este año -14.002,59 millones de euros (RDL 19/2020 de 26 de mayo) y 6.000 millones de euros (RDL 34/2020 de 17 de noviembre)- bajo la denominación ‘Transferencia para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19’.

Por su parte, el dato anual de ingresos contributivos, que no tiene en cuenta las transferencias del Estado, ha registrado una disminución de 543 millones de euros mientras que los gastos contributivos han aumentado en 1.861 millones de euros, respecto al dato anual del trimestre anterior.

La previsiones de WTW

Debido a la persistencia de la crisis sanitaria, el análisis del Observatorio de Pensiones de WTW prevé, de cara a los próximos trimestres, un continuado incremento del déficit contributivo sobre el PIB de la Seguridad Social, fundamentalmente por tres motivos:

  • La caída de la actividad: los cotizantes medios en enero de 2021 son 335 mil menos que un año antes.
  • La extensión de las exenciones de cotizaciones: se ha optado por esta figura para compensar a las empresas y autónomos, en lugar de que el SEPE se hiciera cargo de ellas.
  • El aumento de gastos contributivos en incapacidad temporal por los efectos de la crisis sanitaria.

Con todo, la distribución del déficit entre administraciones públicas depende de las transferencias entre ellas, siendo posible que la Administración Central absorba una parte del déficit del sistema contributivo de la Seguridad Social a través de transferencias para apoyar su equilibrio presupuestario o para paliar los efectos de la COVID-19, como ha ocurrido en el segundo y cuarto trimestres.

Esto se refuerza con las recomendaciones del Pacto de Toledo, cuya principal medida pretende traspasar al Estado todo el déficit de la Seguridad Social en el horizonte de 2023, lo que supone explicitar lo que ya viene ocurriendo desde que se agotó el fondo de reserva, financiar el déficit contributivo mediante préstamos o transferencias extraordinarias del Estado. La ciudadanía debe conocer los efectos de esta recomendación, que consiste en trasladar el esfuerzo que deberían hacer los participantes en el sistema de pensiones a toda la sociedad, la cual deberá hacer frente con impuestos presentes o futuros (en la parte que se recurra al endeudamiento) al desequilibrio del sistema”.

Gregorio Gil de Rozas, director del área de Retirement de Willis Towers Watson

Los análisis del Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson muestran que el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) adelantado para el año 2021 se sitúa en el -1,36%, bastante mejor que el de 2020 que fue del -1,65%. Esta mejora se debe, como se ha mencionado anteriormente, a las transferencias extraordinarias del Estado para compensar los efectos económicos asociados a la COVID-19, que han permitido el valor del IRP no fuera más negativo.

Lo que ha ocurrido este año refleja también que el IRP puede modularse con transferencias del Estado, es decir, con una decisión política de aportar recursos presupuestarios al sistema de pensiones.

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