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“La LCS es de las más antiguas de la Democracia pero también una de las mejores”

Foro Inade
El 30 de mayo Foro Inade acogió en Vigo una mesa redonda en la que se realizó un repaso a la Ley de Contrato de Seguro, considerado el contrato que ocasiona mayor litigiosidad en el Tribunal Supremo.
Redacción
31 de Mayo de 2017, 12:15CEST

La sesión fue coordinada por José Antonio Badillo Arias, delegado en Madrid del Consorcio de Compensación de Seguros, director de la revista “RC Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro” y profesor asociado de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid.

Como ponentes también participaron José Manuel Busto Lago, catedrático de Derecho Civil de la Universidade da Coruña y los profesores titulares de esa misma universidad, Fernando Peña López y Rafael Colina Garea, que se centraron en realizar un análisis desde el punto de vista de la jurisprudencia.

En concreto, se abordaron cuestiones relevantes de este contrato como las cláusulas delimitadoras del riesgo, las limitativas y las abusivas; el deber de declarar el riesgo y su agravación; las consecuencias jurídicas derivadas del impago de la prima; la oponibilidad a la prórroga del contrato; el deber del asegurador de satisfacer la indemnización tras las peritaciones necesarias y las consecuencias de su incumplimiento; la transmisión del objeto asegurado o la prueba pericial contradictoria. Además, se hizo un especial desarrollo del tratamiento normativo de seguros específicos como el de responsabilidad civil y se realizó un sorteo entre los asistentes de dos ejemplares de la obra “Ley de Contrato de Seguro: jurisprudencia comentada”.

Durante la presentación de la sesión José Antonio Badillo admitió que "la Ley de Contrato de Seguro es de las más antiguas de la Democracia pero también una de las mejores, por eso no se ha modificado sustancialmente" y comenzó el análisis recordando que, previa a la contratación del seguro y según la última jurisprudencia, “en los seguros de vida la enfermedad ya no se considera una agravación del riesgo, sino que es una materialización del mismo”. Igualmente, incidió en que “el deber de declaración del riesgo es muy importante en los seguros de vida, pero es la compañía la que tiene el deber de preguntar sobre todas las circunstancias del asegurado”. En este sentido, Rafael Colina añadió que “el tomador tiene el deber precontractual de declarar el riesgo que puede existir, pero no tiene la obligación de declarar el riesgo, sino de responder a las preguntas de un cuestionario previo”. Además, estableció que “el deber de informar a la aseguradora de un agravamiento del riesgo sólo se debe hacer acerca de las cuestiones declaradas en el cuestionario previo”.

Respecto a la obligación precontractual de informar sobre los riesgos, otros miembros de la mesa fueron más allá. Así, José Manuel Busto informó que “la Ley de Contrato de Seguro peruana es de hace cuatro años y valora la posibilidad de que las aseguradoras puedan hacer análisis genéticos del tomador para valorar el riesgo”. Sin embargo, José Antonio Badillo afirmó sobre esta cuestión que “la sobretarificación acaba con el seguro. Si tarificamos tanto, el seguro sobra, porque su esencia es la mutualización. De esta forma, los sanos no necesitaría seguros y los que tuviesen más posibilidades de caer enfermos no podrían asegurarse por lo que les costaría”.

A continuación, los ponentes pasaron a comentar la formalización del contrato, el pago de la prima y la prórroga. José Manuel Busto indicó que “es una realidad que el control de transparencia que se realiza en la banca se está trasladando al mundo del seguro para evitar las llamadas cláusulas abusivas” y añadió que “la parte aseguradora debe informar y cerciorarse de que el que asume el contrato tiene conocimiento de lo que firma”. No obstante, Fernando Peña se mostraba más crítico con esta cuestión y afirmaba que “el Tribunal Supremo no llegará a hacer lo mismo que con los bancos en el sector del seguro porque este tipo de control sólo se puede hacer con consumidores (no con empresas) y la cláusula “sorprendente” puede relacionarse con las limitativas que son válidas si son resaltadas en el contrato y cumplen con la doble firma”.

Por otro lado, José Antonio Badillo se refirió al impago de las primas comentando que “el impago de las primas fraccionadas no está regulado en la LCS”, pero según Fernando Peña, “la jurisprudencia está tratando la segunda fracción de la prima como si de una segunda prima se tratase”. A lo que Rafael Colina añadió que “si una fracción de una prima la consideramos una prima, es como si estuviésemos haciendo seguros de forma trimestral o mensual”.

En cuanto a la prórroga, en opinión de José Antonio Badillo, “en todos los seguros de personas debería estar prohibido que la aseguradora se oponga a la prórroga, lo que ya es una realidad normativa en los seguros de Decesos y Dependencia”. El ponente también indicó que “el 71% de las primas de decesos son niveladas [en cuanto a primas ajustadas al coste de los siniestros], pero debería ser el 100%”.

Ahondando en la gestión del contrato, los ponentes debatieron sobre la transmisión del objeto asegurado, indicando José Antonio Badillo que “la compañía está en su derecho de repetir si no se le comunica la transmisión del interés asegurado”.

Ante la obligación de nombrar un perito en un plazo de ocho días los ponentes admitieron que este cambio les ha supuesto un proceso de adaptación, ya que se requiere mayor celeridad en la tramitación de expediente.

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