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La sanidad privada solicita medidas de ayuda y viabilidad económica para hospitales y clínicas

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que representa a más del 80 por ciento de los hospitales privados de España (468) y hasta 925 centros no hospitalarios o sin internamiento, ha solicitado al Gobierno a través del ministerio de Industria medidas urgentes de ayuda y viabilidad económica destinadas a poder hacer frente al “enorme desgaste” en recursos en su batalla frente al coronavirus.

“Abogamos por el mantenimiento del empleo y de la plena capacidad productiva en la lucha contra el Covid-19, y necesitamos medidas urgentes que permitan la viabilidad financiera de los hospitales y clínicas privadas ante una grave crisis de liquidez, poniendo en peligro la continuidad de muchos hospitales”, solicita en un comunicado su presidente, Carlos Rus.

ASPE considera “fundamental” dotar “de forma inmediata” de liquidez a los centros sanitarios privados en España. Entre otras medidas, reclaman la exención de las cuotas de las Seguridad Social durante el tiempo en que se prolongue el estado de alarma, así como del pago de impuestos y retenciones del IRPF de los trabajadores. También piden aplazamientos y/o bonificaciones en Seguridad Social, Impuesto de Sociedades e IBI, junto con créditos fiscales por aumento de plantilla sanitaria.

También reclaman el acceso a líneas de financiación gratuita o con carencia en la devolución de principal para poder acceder a la liquidez suficiente que permita hacer frente al gasto corriente, así como a las líneas de avales establecidas en el Real Decreto-Ley 8/2020 o a las líneas ICO de financiación de circulante para permitir la cobertura del déficit de circulante.

También apuestan por líneas de liquidez por parte de los bancos avaladas por el Estado para afrontar pagos al contado que exigen los proveedores sanitarios (por ejemplo, EPI), junto con créditos blandos por inversión en material imprescindible en la lucha contra el Covid-19.

Con el fin de asegurar que llega el crédito al sector, exigen acceso a una línea de financiación específica para el sector, por importe del 75 por ciento de la facturación del sector hospitalario durante 2 meses. También la reducción del IVA sanitario a tipo superreducido para facilitar la adquisición de compras de materiales y equipos para la atención sanitaria.

Por último, ven necesario subvenciones para compras por el aumento elevado de los precios de material sanitario, ayudas directas a centros implicados en la atención a pacientes con coronavirus y aprobación de fórmulas de cobro excepcionales, de forma que los centros con conciertos públicos, que cobran una parte fija del contrato, sigan percibiendo esta parte y no se regularice. Asimismo, reclaman que los periodos de pago no sean superiores a 60 días por las aseguradoras y por el Estado.

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