RC Medioambiental, una cuestión de ley

RC Medioambiental, una cuestión de ley

La cada vez más estricta legislación medioambiental abre interesantes oportunidades para los seguros que cubren la Responsabilidad civil derivada de eventuales daños causados al medio ambiente

El último informe europeo de AIG sobre Responsabilidad Medioambiental, correspondiente a 2017, refleja un incremento de los siniestros medioambientales, especialmente los relacionados con incendios que afectan a instalaciones y entornos naturales, que pasaron de 7% al 15% de todos los siniestros de pérdidas documentados en un año. También destaca los relacionadas con la gestión de residuos de construcción y demolición, que pasaron del 5% de 2016 al 12% del año siguiente. Por sectores de actividad, el que aglutina Transporte, Comunicaciones, Electricidad, Gas y Sanidad ocupa el primer lugar con el 47% de los incidentes, seguido de Fabricación (26%) y Construcción (9%).

Responsabilidad medioambiental por ley

La Ley de Responsabilidad Medioambiental (promulgada en 2007 y reactivada hace dos años mediante una Orden que establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria ) regula la responsabilidad de los operadores a la hora de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, implantando en el ordenamiento jurídico régimen administrativo de responsabilidad ambiental de carácter objetivo e ilimitado. Establece, en este punto, la obligatoriedad para las empresas con mayor riesgo de causar daños ambientales de constituir una garantía financiera obligatoria que garantice la reparación de los daños, fijando al mismo tiempo un régimen de infracciones y sanciones para las mismas. Siempre con la finalidad de hacer efectivo el principio de restauración del daño causado (quien contamina, paga), la norma prevé sanciones desde los 10.001 hasta los 2 millones de euros.

Asimismo, para que las empresas puedan determinar la cantidad mínima a garantizar, fijada en función de la intensidad y extensión del daño que se pudiera causar y las tablas de baremos, previo análisis de riesgos medioambientales y deberes de cumplimiento, la ley prevé tres modalidades de aseguramiento a las que pueden optar: póliza de seguro, aval bancario o reserva técnica (fondo ad hoc). Los citados instrumentos (seguro, aval o fondo) pueden “utilizarse alternativa o complementariamente entre sí, tanto en su cuantía, como en los hechos garantizados”, según la ley.

Sistema de transferencia alternativa de riesgos

Ello supone, de acuerdo con un análisis del Consejo General de la Abogacía Española “reconocer que el sistema tradicional de transferencia de riesgos (residenciado en la industria de los seguros) no opera en nuestros días sin la consideración al sistema de transferencia alternativa de riesgos (ART, Alternative Risk Transfer), propio del sector financiero. Dicho más sencillamente, el hecho actual de la convergencia del mercado asegurador con los mercados financieros podría suponer que el aseguramiento del riesgo medioambiental se afiance en gestión financiera; como ocurriría en la modalidad de reserva técnica, al apelar a la ‘materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector público y crear así títulos de mercado atractivos para los inversores”, indica.

“La ventaja de materializar la garantía financiera obligatoria a través del seguro de responsabilidad medioambiental es que libera y no compromete la capacidad financiera de la empresa y, además, le aporta la cobertura de gastos de defensa y fianzas que de otra manera no tendría”, según un informe de Artai, que señala que “nuestro mercado asegurador ofrece una póliza de seguros integral con cobertura de responsabilidad medioambiental, que incluye coberturas exigidas por la ley como los costes de reparación primaria, complementaria y compensatoria, a las que se pueden añadir otras adicionales como pérdida de beneficios, responsabilidad civil por contaminación, defensa y fianzas”.

Implantación limitada

El mercado ofrece diversas alternativas para la contratación de este tipo de seguros si bien su implantación es limitada en el sector asegurador”, señala Carmen Cobeta, directora de Responsabilidad Civil de la sucursal el España de QBE. En su opinión, “una de las razones principales que han llevado a esta situación es el hecho de que finalmente la obligatoriedad en su contratación afectó a menos actividades de las inicialmente previstas”. Sea como sea, se muestra “convencida de que esta línea de negocio se convertirá en una oportunidad interesante para muchas aseguradoras”.