Asociaciones de consumidores reclaman cobertura obligatoria de RC para empresas alimentarias

Asociaciones de consumidores reclaman cobertura obligatoria de RC para empresas alimentarias

Frente a casos como el de la listeriosis de este verano, asociaciones de consumidores reivindican una modificación urgente de la Ley de Seguridad Alimentaria para obligar a las empresas del sector a contar con un seguro de Responsabilidad Civil de cuantía proporcional a su volumen de negocio.

Magrudis, la empresa responsable del brote de listeriosis que estalló este verano en Andalucía, provocando tres víctimas mortales y siete abortos, contaba, según aseguró al Ayuntamiento de Sevilla, con un seguro de responsabilidad civil de 300.000 euros, “una cifra ridícula que no cubriría ni de lejos los millones o decenas de millones con los que habría que indemnizar a los afectados”, según un comunicado de la asociación de consumidores Facua, que ha reclamado al Gobierno y a los partidos políticos “que consensúen una modificación urgente de la Ley de Seguridad Alimentaria para regular que todas las empresas alimentarias cuenten con un seguro y tengan que aportar cantidades a un fondo de garantía que cubran indemnizaciones económicas derivadas de intoxicaciones alimentarias”, tal y como explicamos en ADN del Seguro.

Trenta y cinco años de retraso

La asociación denuncia que, 35 años después de la promulgación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, “ningún gobierno se ha preocupado de desarrollar su artículo trigésimo, que estableció que ‘el Gobierno, previa audiencia de los sectores interesados y de las asociaciones de consumidores y usuarios, adoptará las medidas o iniciativas necesarias para establecer un sistema obligatorio de seguro y fondo de garantía que cubran, para sectores determinados, los riesgos de intoxicación, lesión o muerte derivados del mal estado de los productos, servicios o actividades’”.

En este punto, recuerda que “en 2007 se actualizó la citada norma mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. En su artículo 131 incorporó un texto muy similar al de la ley original de 1984. En el primero se indicaba que el Gobierno ‘adoptará las medidas o iniciativas necesarias’ y en de 2017 que ‘podrá establecer’ los citados sistemas de seguro y fondo de garantía”, aclara.

Seguro y fondo de garantía

En concreto, Facua propone que las empresas alimentarias deban contar “con un seguro de Responsabilidad civil de cuantía proporcional a su volumen de negocio, cuya existencia y renovación anual será supervisada por las autoridad sanitaria de la comunidad autónoma donde tengan su sede social”.

Asimismo, cree que debería crearse “un fondo de garantía mediante el que las empresas alimentarias tendrán que aportar al Ministerio de Sanidad una cantidad dimensionada sobre la base de su volumen de ventas para cubrir indemnizaciones en los casos en que se sobrepasen las cuantías establecidas en los seguros de responsabilidad civil”.

RC de Producto

Actualmente, existen en el mercado seguros que cubren la Responsabilidad civil de fabricantes de productos que pueden causar daños y perjuicios a los consumidores, que se adaptarían perfectamente a casos como el del reciente brote de botulismo aparecido en un lote de atún en lata del supermercado Dia. Estas pólizas protegen frente a las consecuencias económicas de los daños corporales o materiales y perjuicios que puedan sufrir terceras personas por el uso, tenencia o incluso simple existencia de productos en el mercado.

Lo que caracteriza a estos seguros es que no cubren la RC por los daños causados durante el proceso de fabricación, sino solo a partir de la puesta en circulación en el mercado de los productos acabados, cuando el fabricante pierde el control directo del bien que produce.

Sea como sea, estas pólizas no cubren los daños al propio producto, su substitución o reparación, los gastos de retirada del producto (que sí pueden asegurarse mediante cobertura específica), los perjuicios causados cuando el producto no cumple las expectativas del usuario ni los daños a otros bienes fabricados mediante la incorporación del producto defectuoso a los mismos.

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