Comunidades_2_martes21mayo2019

La accesibilidad de los edificios de viviendas, asignatura pendiente

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Según el estudio ‘La accesibilidad en España y Europa’, elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, “la accesibilidad universal en los edificios de viviendas sigue siendo una asignatura pendiente y no sólo en el caso de España, donde el índice se sitúa en el 0,6%, sino también en Alemania con un 1,5%, y Suecia con un 2,5%”. El informe señala que “estamos ante una grave situación, especialmente en los casos de viviendas que cuentan con vecinos con movilidad reducida o discapacidad”. Y es que en España hay más de 4,5 millones de personas a las que se les ha valorado alguna discapacidad, de las cuales 3,3 millones presentan un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

La ley obliga, pero no amenaza

Esta situación cobra especial gravedad teniendo en cuenta que, en España, todos los edificios residenciales deben cumplir, desde finales de 2017, con las condiciones básicas de accesibilidad previstas en el Código Técnico de la Edificación. “Aunque los requisitos técnicos son elevados y retroactivos, se incumplen, aunque a cambio la persona con discapacidad o mayor de 70 años puede forzar más claramente las obras, que, dentro de unos márgenes, serán satisfechas por el resto de propietarios”, señala el estudio, que revela que España es el país de los analizados donde existe una mayor percepción de necesidad de obras, con un 44%. La ley establece el derecho a solicitar actuaciones de accesibilidad, como instalación de ascensores, rampas y diferentes dispositivos mecánicos, a las personas propietarias de inmuebles en los que residan, trabajen o realicen voluntariado personas con discapacidad o mayores de 70 años. Los gastos de estas reformas deberán ser cubiertos por todos los vecinos del inmueble, siempre que el importe repercutido anualmente de las obras o actuaciones, descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. En este aspecto, el informe apunta que en aquellos edificios gestionados por profesionales se da una mejor accesibilidad y se han hecho más obras de adaptación.

Por otro lado, España ratificó hace años la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, comprometiéndose a su cumplimiento en una ley que obliga a alcanzar la accesibilidad universal en todos los entornos, productos y servicios, incluidos obviamente los edificios de viviendas. El Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, daba hasta el 4 de diciembre de 2017 para dotar de accesibilidad a todos los edificios, con la única salvedad de que dicha accesibilidad se garantizará “siempre que fuera susceptible de ajustes razonables”. El principal obstáculo a la aplicación efectiva de dicha legislación es, según los expertos, el hecho de que la misma no contempla sanciones por incumplimiento.

Opinan los expertos

Para Laura Villasevil, directora de Negocio del Área de Automóviles y Particulares de Allianz, la nueva legislación para mejorar la accesibilidad de los edificios, “en muchos casos, supone un reto para las aseguradoras, ya que deben contemplar la cobertura de los mismos y fomentar su cumplimiento”.

Por su parte, Fernando Cordón, de Cordón Seguros, cree que estas nuevas exigencias legales “no suponen un especial acicate” para este tipo de seguros, aunque reconoce “hay coberturas, como el seguro de rehabilitación trienal, que ofrece una excelente respuesta a los administradores de fincas cuando acometen obras importantes y quiere garantizarse el buen acabado de la obra, entre otros beneficios”.

Begoña Díaz-Meco, directora del Área de Seguros Particulares y Negocios de SegurCaixa Adeslas, opina que “las reformas en los inmuebles y adecuarse a las normativas hacen que los riesgos se reduzcan y que la siniestralidad sea menor”.