Luces y sombras de la Ley de Distribución para los corredores

Luces y sombras de la Ley de Distribución para los corredores

La entrada en vigor del Real Decreto-Ley que transpone la Directiva Europea de Distribución de Seguros y Reaseguros incluye algunas demandas históricas de la mediación, pero supone mayores cargas administrativas para los corredores.

La esperada transposición de la Directiva Europea de Distribución de Seguros y Reaseguros (IDD) continúa su tramitación tras la aprobación el pasado 4 de febrero en Consejo de Ministros del Real Decreto-Ley que incorpora esta normativa al ordenamiento jurídico español, su entrada en vigor dos días después y su convalidación por parte del Congreso el 20 de febrero.

Francisco Alcántara, director general de Albroksa, califica de “positiva” la entrada en vigor de esta norma. “Llevábamos mucho retraso en su transposición y se adapta y uniformiza la principal norma que nos afecta a nivel europeo, por lo que supone igualdad de oportunidades respecto al resto de mediadores de otros Estados miembros”, indica, haciendo referencia a que España ha sido el último país de la UE en incorporar esta norma, que debería haberse implementado en julio de 2018.

Sobre la tardanza en su entrada en vigor también se ha manifestado Anna De Quirós, socia directora de Cobertis, quien no tacha de positiva ni negativa su trasposición si no que señala que lo importante es que se aplique ya: “Vamos con retraso”.

Cargas administrativas y figuras

Diego Fernández, director gerente y responsable de la actividad de distribución de Cojebro, hace notar que “la normativa anterior, que databa de 2006, contenía gran parte de los requisitos que la nueva ley establece. Bien es verdad que introduce aspectos que eran demandados por todos (el cambio de mediador, por ejemplo) pero también ha desaprovechado una buena oportunidad para mejorar la competencia, la cooperación entre mediadores o castigar y perseguir las malas prácticas de determinados actores que todos conocemos”, valora. En el lado negativo de la balanza, “quizá vemos excesiva la cantidad de información que tenemos que entregar a los clientes y los requisitos de custodia de información. Cada vez se imponen más cargas administrativas y, algunas de ellas, creemos que poca utilidad van a tener”, opina.

Esteban Cembellín, CEO de Recoletos Consultores, considera que “cualquier avance en el ámbito jurídico en la dirección de profesionalizar la mediación, siempre es positivo. En este caso creo que se ha perdido de nuevo una oportunidad para haber ido un poco más allá, y poner en el lugar que debe corresponder a compañías, entidades bancarias, y en general a todas las figuras que intervienen en el sector. Positiva sí, pero absolutamente insuficiente, a mi juicio”, remacha.

Para Juan David Ruiz, CEO de Ruiz Re, la nueva norma “desgraciadamente no ha resuelto muchos de los temas que estaban pendientes, y encima ha creado figuras de distribución ‘fantasmas’ como la de los mediadores complementarios, que todavía no sabemos a qué responde ni quién la ha pedido, pero creo que ni las entidades ni los mediadores lo hemos hecho”, apunta.

Pez grande, pez pequeño

“No, esta Ley no está hecha para el mediador español, se adapta mejor a los grandes mediadores de países europeos donde ya se ha producido una concentración en grandes brokers”, contextualiza Begoña Larrea, directora general de Summa Smart Company. “Por una parte, favorece nuevas figuras de distribución, al igual que otras que ya venía favoreciendo, como la banca seguros. Figuras con una capacidad de competencia muy fuerte y agresiva, que están haciendo inversiones millonarias para entrar en el sector para distribuir productos masa, en masa . O sea, atacando precisamente aquellos ramos que distribuye el corredor pequeño y mediano”, denuncia.

De Quirós, sin embargo, añade, que lo importante es que todas las formas de distribución “tengan una base legal y de normativa que asegure al cliente la profesionalidad y transparencia que se nos exige a los mediadores”.

No obstante, frente a esta entrada de nuevos profesionales, esta normativa “contempla muchas más exigencias para los mediadores, muchas de ellas con una carga administrativa muy importante, sin que se haya producido en el sector una transformación digital que facilite la ejecución de todas estas tareas. Por lo que, el mediador, si cumple con todos los requisitos de la Ley, va a perder eficacia y productividad, va a ver sus costes de asesoramiento y de transformación incrementados y su capacidad para la venta limitada”, vaticina. En resumen, “más ventajas para los grandes distribuidores comparativamente, y más barreras y requisitos para el pequeño y mediano mediador”, concluye.

“La IDD se ha creado para beneficiar al cliente”, asegura desde el punto de vista de las aseguradoras Pablo Latorre, director comercial y de Marketing de UM Seguros. “Haciendo una lectura positiva de ella, debería traducirse en aumentar la confianza del cliente hacia el mediador y las compañías. Desde ese punto de vista todos ganamos. Sin embargo, poniendo blanco sobre negro, el cumplimiento al 100% de lo que la ley refleja va a suponer sin duda dificultades a aquellos corredores que no poseen una estructura suficiente”, reconoce.

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