El estricto régimen sancionador de la Ley de Distribución

El estricto régimen sancionador de la Ley de Distribución

La transposición de la Directiva de Distribución eleva sensiblemente el importe de las multas, en la línea con otras normativas provenientes de Europa.

La nueva Ley de Distribución, que transpone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva Europea de Distribución de Seguros y Reaseguros (IDD), implementa un nuevo régimen sancionador que, en esencia, incrementa los importes de la sanción por multa desde el tope máximo de 30.000 euros que establecía la Ley de Mediación de Seguros de 2006 para personas jurídicas.

En la nueva normativa, el importe pasa a ser el 3% del volumen de negocio anual total según las últimas cuentas disponibles aprobadas por el órgano de dirección o 1 millón de euros, aunque, en el caso de productos de inversión basados en seguros sería un 5% y 5.000.000 de euros, respectivamente. Y hasta el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la infracción, en caso de que pueda determinarse.

En cuanto a la sanción pecuniaria a los que ejerciendo cargos de administración, de hecho o de derecho, sean responsables de la actividad de distribución o formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución en la sociedad, la multa podrá ser de hasta 200.000 euros, frente al máximo de 60.000 euros actuales.

Importes europeos

Jorge Campos, presidente de Newcorred, director de Campus del Seguro y de Leydedistribuciondeseguros.es, considera “exagerada la subida en sanciones que se han impuesto. No obstante, esto es algo que no es de nuestro proceso legislativo, sino que es consecuencia de que la IDD es de mínimos y ya venían marcados por Europa estos niveles sancionadores”, concede. “Esto mismo ya lo hemos visto en normativas similares que vienen de Europa, como el caso de la nueva regulación, sobre Protección de Datos por ejemplo”, contextualiza.

Para Pura Rubio, responsable del Área de Apoyo Legal de E2K, “no se trata de que esté justificado, sino que son cuantías muy parecidas a las sanciones estándar de otras normativas de la Unión Europea que se están trasponiendo, como en el caso de la protección de datos, por ejemplo, en el que las sanciones son incluso mayores. Pero sí, dado que la gran mayoría de las corredurías son pymes, estas cifras son tremendas y difícilmente soportables”, advierte.

Pilar Maza, directora técnica del grupo Recoletos Spasei, explica que el nuevo régimen sancionador “se entiende que es ajustado a la inobservancia de la ley. Sin embargo es claramente perjudicial para pequeños y medianos mediadores lo que supone un agravio comparativo con compañías, bancaseguros y grandes corredurías. Esto perjudica la independencia del sector pues obliga a la asociación, agrupación e integración de corredurías”, denuncia.

Honradez

José Antonio Muñoz, director general de Solvento Consulting, cree que el nuevo régimen sancionador no está justificado, aunque matiza que “cualquier régimen sancionador siempre por defecto puede estar valorado de forma no justificada”. Asimismo, señala que, con el incremento de las sanciones ante determinadas infracciones, “el legislador pretende” establecer un elemento de prevención de peso, “al margen de buscar algún caso que pueda servir de ejemplo para otros”.

“Estuvimos comentando este tema con la DGSFP largo y tendido en la fase de redacción del Proyecto y presentamos alegaciones”, relata Martín Navaz, presidente de Adecose. “Entendemos que el aumento de las sanciones tiene sobre todo su razón de ser en las infracciones que puedan cometerse por la distribución de productos de Vida-Ahorro”, analiza.

“Tengo la seguridad de que los corredores de seguros somos personas que tratamos de comportarnos de forma honrada y profesional en nuestro ámbito laboral”, arranca Pablo Lariño, presidente de CIAC. “Las excepciones, esas que salen en prensa más de lo deseado, no forman parte de esa masa y probablemente conocen la legislación, por lo que dudo que a estos les suponga un freno la ampliación de las sanciones. Al resto, a la masa que actúa con profesionalidad y honradez, nos da igual la sanción, puesto que nuestro objetivo no es el de enriquecernos, si no ofrecer un servicio completo de asesoramiento y gestión a nuestros clientes. Y fruto de este, recibir una contraprestación económica justa. Si bien es cierto que, a veces, a los mediadores de seguros se nos trata legalmente con demasiada cautela, tal y como si fuéramos delincuentes. Y, en la generalidad, somos profesionales cualificados con un gran sentido de la honradez”, defiende.

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