La insuficiencia futura de las pensiones transformará riqueza inmobiliaria en liquidez

Editar noticia  Redacción

Más del 76% de los hogares españoles posee, al menos, una vivienda en propiedad, lo que significa una fuente de ahorro significativa susceptible de convertirse en liquidez en caso de necesitar complementar la pensión pública. Una opción que, a juicio de José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santalucía, será “cada vez más habitual en un país donde sólo el 15% de la riqueza está invertida en activos financieros”. Esta situación, y dada la previsible insuficiencia de las futuras prestaciones, obligará, por un lado, a aumentar la educación financiera para concienciar sobre la importancia del ahorro en largo plazo y, por el otro, a desarrollar por parte del regulador un marco institucional con condiciones necesarias para el desarrollo de productos que contribuyan a hacer líquidos los activos inmobiliarios, como las rentas vitalicias o las hipotecas inversas.

Entre las conclusiones de un estudio presentado por esta entidad sobre alternativas a la potencial insuficiencia de las pensiones, cabe destacar la necesidad de llevar a cabo un ajuste a la baja en el nivel medio de las prestaciones en el medio plazo para garantizar la sostenibilidad del sistema, la concentración del ahorro de los españoles principalmente en la vivienda –el activo más ilíquido que existe desde el punto de vista financiero- y el progresivo protagonismo que irán tomando ciertos productos que permiten obtener una renta adicional que compense la pérdida de poder adquisitivo de la pensión, además de permanecer y disfrutar de su vivienda durante todo el ciclo vital.

“Los nuevos tipos de familias y sus situaciones particulares están cambiando la tradicional concepción de mantener a toda costa la propiedad de un inmueble, ya que deben hacer frente a las necesidades presentes”, ha señalado el profesor de Economía Financiera y Contabilidad Pedro Serrano, que ha sido uno de los coautores del informe. En este sentido, el documento asegura que la confluencia de diversos factores – demográficos, del mercado laboral y el marco institucional– sugieren que la sostenibilidad del sistema público de pensiones requiere de un ajuste a la baja en el nivel medio de la prestación, o alternativamente, de mayores ingresos. Además, existe un aspecto especialmente relevante en este contexto: la llegada a la edad de jubilación, en el corto plazo, de la generación más numerosa, la de los baby boomers, nacidos hasta mediados de la década de los años sesenta.

Desarrollo de productos financieros de licuación de la vivienda

A pesar de que los datos comparativos con el resto de países europeos no muestran diferencias significativas en relación al modo de ahorro de los españoles, el informe sí subraya que muchos trabajadores de nuestro país no son realmente conscientes en su vida laboral de la conveniencia de ahorrar para la jubilación, lo que puede tener una repercusión económica muy negativa cuando empiezan a cobrar su prestación. “Existe la percepción de que hay que empezar una planificación financiera cuando se está cerca del final de la etapa profesional, pero es crítico hacer comprender que es importante ahorrar en todos los momentos de nuestro ciclo vital”, ha sentenciado Jorge Martínez, socio en Airos Valor.

Una de las posibles soluciones que apunta el informe para transformar en liquidez el parque inmobiliario viene a través de productos financieros como las hipotecas inversas o los vida-pensión (venta con reserva de usufructo), ya que permiten obtener una renta adicional que compense la pérdida de poder adquisitivo de la pensión, mientras la persona puede permanecer y disfrutar de su vivienda durante toda su vida. Sin embargo, tal y como señala otros de sus autores, el profesor Juan A. Lafuente, “la falta de conocimiento social sobre estos productos está impidiendo su desarrollo por la desconfianza que todavía generan. A pesar de todo, la previsible insuficiencia futura del sistema de pensiones en pensiones para cubrir las necesidades de las familias obligará a recurrir cada vez más a estos productos”.

En este sentido, el estudio concluye que es necesario el desarrollo en España, a nivel del regulador y gestores políticos, de un marco institucional sólido para crear un mercado de productos eficientes capaces de dotar de liquidez el patrimonio de los españoles que lo necesiten. Reformas legislativas consensuadas y estables, incentivos fiscales y un marco jurídico transparente y con reglas claras son condiciones necesarias para el potencial desarrollo de este mercado. Sus opciones de éxito, aseguran los autores del documento, radican en acciones coordinadas entre consumidores, entidades financieras y aseguradoras, y las instituciones públicas.

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