Las imputaciones en delitos societarios presionan la siniestralidad en RC de D&O

Editar noticia  Redacción

En los últimos años se ha producido un endurecimiento de la legislación relativa a delitos societarios, especialmente en lo que toca a la responsabilidad de los altos cargos y directivos de las empresas ante las consecuencias de las actividades de las empresas que dirigen. Hemos preguntado a varios expertos del sector para recabar su opinión sobre cómo está afectando esta evolución al nicho de Responsabilidad Civil para Altos Cargos y Directivos (D&O)

Darío Spata, CEO de Iberian Insurance Group, cree que el incremento en las imputaciones en delitos societarios “ha influido en todos los aspectos, aunque las primas aún no se han visto demasiado incrementadas”. Bajo su punto de vista, “ha aumentado la siniestralidad, y cada vez se ofrecen coberturas más completas, pero al menos en medianas empresas sigue siendo un seguro económico en comparación con la cobertura que ofrece”.

Nerea de la Fuente, directora de Riesgos Profesionales de Hiscox España, pone el acento en la mayor publicidad que recibe este tipo de delitos en los medios de comunicación. “La difusión en los medios de las imputaciones en delitos societarios ha influido en el sentido de crear más conciencia sobre la necesidad de que los directivos se protegieran. Los casos mediáticos nos han ayudado a concienciar a este colectivo”, y en consecuencia “los directivos son más conscientes de los riesgos a los que se exponen a la hora de dirigir los negocios y en consecuencia, a la posibilidad de ser demandados”, incide.

Aumentan las reclamaciones

Fernando Vega Gambra, director de Líneas Financieras de QBE, recuerda que “las reclamaciones han aumentado en torno a un 25% en los últimos 2 años” y asegura que “el conocimiento de la existencia de la póliza cada vez es mayor, tanto entre los abogados como en los juzgados”. Ello a su juicio, “lógicamente repercutirá en la siniestralidad del ramo. Más que un aumento de primas, estamos viendo la reducción de ciertas coberturas y gastos cuando se derivan de determinados tipos delictivos. De esta forma la constitución de fianzas, así como el anticipo de los gastos de defensa, se está viendo limitado”, apunta.

“En España observamos un gran crecimiento de siniestralidad penal en el seguro de D&O”, abunda Mª Victoria Valentín-Gamazo, responsable de Seguros de Responsabilidad de Gestión en AIG, quien matiza en cualquier caso que “el incremento ha afectado más a imputaciones por delitos de corrupción que a delitos societarios. Según la última memoria de la Fiscalía Especial en materia de corrupción se observa una tendencia al alza de causas abiertas por estos delitos que crece año a año de forma alarmante”, explica. “En la mayoría de los casos se trata de compañías que o bien tienen relación contractual con la Administración pública, o bien se trata de empresas públicas o semipúblicas”, añade. “Esta situación obviamente está afectando a la política de suscripción de las compañías aseguradoras restringiendo ciertos riesgos, limitando coberturas e incluso con aumento del precio en las primas en ciertos riesgos”, concluye.

Desde Berkley inciden en que “desde hace más de 20 años la mayoría de las reclamaciones se presentan por la vía penal. El cambio en la Ley con la inclusión de delitos societarios vino a facilitar esta tendencia”; aseguran. Según su experiencia, “la siniestralidad ha aumentado considerablemente debido a la situación de crisis con mayor número de procesos concursales y los grandes escándalos empresariales, financieros y políticos”. En consecuencia, “actualmente se puede decir que muchas compañías están perdiendo dinero en este ramo y se prevé un futuro incremento de primas hasta alcanzar un nivel técnico aceptable, escenario que actualmente no se cumple”.

Dolo y fianzas

En cuanto a las coberturas, la RC derivada de la comisión de un delito por parte de un directivo no puede quedar cubierta por la póliza. Sin embargo, sí pueden estar contemplados los gastos de defensa de la empresa, por ejemplo, para hacer frente a una posible acción penal contra la misma por ausencia de control sobre el directivo, o, en algunos casos, las fianzas.

“De conformidad con la Ley de Contrato de Seguro, las compañías aseguradoras no pueden asegurar el dolo”, apunta Mª Victoria Valentín-Gamazo. “No obstante, en las pólizas de D&O se establece que la exclusión de dolo sólo será aplicable una vez haya recaído sentencia condenatoria del asegurado. Hasta entonces, el asegurado se podrá beneficiar del anticipo de gastos de defensa, así como de cualquier cobertura que pudiera estar prevista de forma anticipada como gastos de restitución de imagen o fianzas”, explica.

“Lo de que el dolo esté excluido en las pólizas es algo que no ocurre en ningún país de nuestro entorno, donde ni los gastos de defensa ni las fianzas se adelantan en caso de hechos presuntamente dolosos”, señala Fernando Vega Gambra. “Por ello, se trata de  una exposición específica de las pólizas de D&O en España, y que está penalizando de forma importante la siniestralidad de muchas pólizas”, explica el experto. “Además hay dos problemas adicionales: la forma de prestar la fianza, ya que a veces los tribunales no admiten los avales y quieren la consignación efectiva, y la posibilidad de pedir garantías tanto al asegurado que debe afianzar como al tomador (sociedad) en caso de  insolvencia del primero”.

“Los condicionados en este aspecto no han sido muy claros y lo asegurados se han llevado desagradables sorpresas en el momento del siniestro, no solo en el tema de la fianza, pero incluso en temas tan básicos como los gastos de defensa”, opinan desde Berkley.

 

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