La morosidad, el gran dolor de cabeza de los autónomos

Editar noticia  Redacción

Según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), cuatro de cada diez autónomos se enfrentó el año pasado a situaciones de morosidad, ya sea pública o privada. En cifras, son cerca de 1,2 millones de autónomos los que sufren al morosidad de administraciones públicas y empresas privadas, y de ellos, 400.000 tienen facturas pendientes desde hace más de seis meses.

De los trabajadores por cuenta propia afectados por este problema, el 29,5 % tarda más de seis meses en hacer efectivo el cobro de sus facturas, y el 8,7 % no consigue cobrar hasta pasado al menos un año. El 35,8 % de los autónomos que manifiesta tener morosidad cobra sus facturas en un periodo de entre 60 y 90 días y el 31,7 % lo hace entre 91 y 180 días, según ATA.

No en vano, el estudio ‘Jubilación y hábitos de ahorro de los españoles’, elaborado por el Instituto Santalucía, el retraso en el pago de clientes figura, con un 72,8 %, como la tercera causa de estrés financiero para los trabajadores por cuenta propia, solo superada por la pérdida de clientes y la jubilación.

Papel mojado

Todo ello a pesar de la Ley de Morosidad, en vigor desde hace años y que fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas e imposibilita la negociación por parte de las empresas de plazos superiores de pago a los fijados por la ley. Con la ley en la mano, el retraso en el pago debería conllevar un interés de demora que ascendería al tiempo de interés del BCE más ocho puntos (en ausencia de un interés pactado en contrato). Asimismo, el moroso debería indemnizar al acreedor con 40 euros por factura impagada al vencimiento, más una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora.  

Sin embargo, de acuerdo con el ‘IX Estudio de la gestión del riesgo de crédito en España 2016’, elaborado por Crédito y Caución e Iberinform con el soporte académico del IE Business School, solo un 9 % de las empresas reclama intereses moratorios en caso de impago, frente al 91 % restante que nunca o casi nunca lo hacen, debido al temor a perder clientes si les aplican las penalizaciones por demora que establece la ley y a la inexistencia de medidas coercitivas eficaces para obligar al pago de los intereses de demora devengados. Y es que la ausencia de un régimen sancionador que penalice el incumplimiento del plazo de pago legal por parte de los compradores o la imposición de condiciones contractuales abusivas a sus proveedores y subcontratistas deja en papel mojado la citada ley.

El Congreso se mueve

En este escenario, el pasado 20 de junio, el Pleno del Congreso inició la tramitación de una Proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad, a iniciativa de Ciudadanos y con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Aunque la norma se encuentra aún en tramitación, y el proceso se prevé largo debido a la previsible presentación de enmiendas, incluye interesantes medidas como el establecimiento de un régimen de infracciones y sanciones que podrían ir desde los 60 euros en los casos más leves a los 819.780 euros en para las infracciones más graves.

Asimismo, la propuesta aclara cuándo las cláusulas de los contratos se considerarán nulas y regula un sistema de arbitraje para resolver este tipo de conflictos sin tener que recurrir a los tribunales. Finalmente, propone la creación de un observatorio estatal de la morosidad adscrito al Ministerio de Hacienda para llevar a cabo labores de asesoramiento, colaboración institucional y elaboración de propuestas de actuación en materia de lucha contra la morosidad.

Hasta entonces, los autónomos tienen a su disposición, además de los clásicos cobradores del frac, la posibilidad de contratar de seguros de crédito que se hacen cargo de parte de la deuda en caso de impago y realizan un diagnóstico financiero de los posibles clientes para evitar deudas futuras. Por otro lado, algunos seguros para autónomos incluyen servicios como la reclamación de facturas impagadas.

 

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