Llarena, sin seguro de RC ante la demanda interpuesta contra él en Bélgica por los independentistas

Editar noticia  Redacción

En 2010, el CGPJ contrató un seguro que cubría la RC de los jueces en el ejercicio de su función, pero en 2014 no renovó el contrato. Ahora, el juez Llarena se encuentra sin ese seguro ante la demanda civil interpuesta en Bélgica contra él por Puigdemont y cuatro exconseller.

En octubre de 2010, el Consejo General del Poder Judicial aprobó la contratación de un seguro para hacer frente a la Responsabilidad Civil en que pudieran incurrir los jueces en el ejercicio de su función. La póliza, contratada con Zurich por un importe anual de 223.552 euros, incluía el pago de las multas fruto de procesos penales y fianzas que eventualmente se les puedan imponer para eludir la cárcel por delitos dolosos, y no cubre supuestos relacionados con la responsabilidad disciplinaria. De esta forma, si un juez cometiera un delito y otro colega dictara contra él una medida de prisión eludible bajo fianza, Zurich, la compañía contratada por el CGPJ, se haría cargo de dicha fianza, así como de eventuales multas o sanciones administrativas.

Polémica y no renovación

Esta decisión generó una fuerte polémica en el seno de la institución, al conceder a los miembros del Poder Judicial una prebenda de las que no goza casi ningún ciudadano, ya que cubre responsabilidades derivadas de delitos dolosos, y además sufragada con dinero público. Sea como sea, la póliza operó hasta 2014, cuando al vencer el contrato, el CGPJ acordó pedir al Tribunal de Cuentas su no renovación, “poniendo de manifiesto con relación al expediente tramitado para la contratación de la póliza colectiva colectiva de seguro de responsabilidad civil de la carrera judicial, que podía entrar en conflicto con el principio de responsabilidad de los jueces y magistrados, consagrado con rango constitucional en el artículo 117,1 de la Constitución”, según el acuerdo alcanzado en el seno del Poder Judicial. Lo hizo citando una comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón María Álvarez de Miranda, ante la Comisión Mixta Congreso-Senado en 2014, en la que afirmaba: “En muchas ocasiones hemos manifestado que pretender contratar seguros para hacer frente a responsabilidades civiles en el ámbito de la gestión que se desempeña es un exceso que efectivamente no está justificado y el tribunal nunca los ha aceptado donde hayan producido, en el Banco de España, en el Fondo de Garantía de Depósitos, en RTVE… o en cualquier otro sitio”. En consecuencia, “el CGPJ, en el ámbito de la lealtad institucional y del respeto a las competencias del resto de los órganos constitucionales del Estado, no puede sino cumplimentar las recomendaciones recogidas en el informe del Tribunal de Cuentas y entre ellas la atinente a la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil para jueces y magistrados”. Como consecuencia, los jueces y magistrados tuvieron que contratar de forma privada sus seguros individuales.

El caso Llarena

Cuatro años después, el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha sido demandado civilmente por varios procesados independentistas (el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus ex consejeros) ante la justicia belga, acusándole de falta de imparcialidad a tenor de unas declaraciones en las que aseguró, entre otras cosas, que los procesados “no son presos políticos”, sino que están siendo procesados por “comportamientos recogidos en el Código Penal y que tienen que ser investigados”. A juicio de los abogados de los independentistas, estas declaraciones inhabilitarían a Llarena para procesarlos, ya que están “fuera de su jurisdicción”, y solicitan ser indemnizados con una cantidad simbólica de un euro.

Ante esta situación, el CGPJ concedió amparo a Llarena y solicitó a los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, que actuaran, a través de la Abogacía del Estado, “para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica”.

El Ministerio de Justicia respondió garantizando que el Estado español se personará ante la Justicia de Bélgica en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles “si, en el momento de admitir a trámite la demanda presentada por el ex presidente y cuatro ex consellers de la Generalitat contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la autoridad judicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España contra ellos”, ya que dicha causa está sometida “de manera exclusiva y excluyente a la jurisdicción española”. De esta forma, el Gobierno se compromete a  “proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España y su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicción”, aunque aclara que no actuará en lo referente a las declaraciones privadas de Llarena, “puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función”.

El caso puede acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o en Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, y el CGPJ solicita al Estado que costee los gastos para la defensa del magistrado, independientemente de si cuenta o no con seguro privado.

MÁS NOTICIAS

Actualidad

Viajar reduce las posibilidades de sufrir depresión y previene el deterioro cognitive, según Sanitas

Metidos ya en pleno mes de julio, la mayoría de los españoles están ya preparando …

Actualidad

ASISA patrocina el X Congreso Internacional de Excelencia, centrado en el turismo

La Comunidad de Madrid ha celebrado el X Congreso Internacional de Excelencia, patrocinado por ASISA, …

Actualidad

AGERS lanza el noveno número de la publicación ‘Observatorio Gerencia de Riesgos’

La ley de secretos Empresariales, la función del gerente de riesgos según Iván Alcauza, de …